Trafigura defiende legalidad de sus contratos de combustible con YPFB

La multinacional Trafigura defendió este viernes la legalidad de sus contratos de suministro de combustibles con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en respuesta a las denuncias del sector de transporte pesado sobre un presunto monopolio en la logística de importación. La compañía, uno de los mayores comercializadores de materias primas del mundo, aseguró que su participación en el mercado local se ajusta a los procesos de licitación y a las condiciones de competencia vigentes.

A través de un comunicado oficial, la firma señaló que sus propuestas cumplen con las bases establecidas por la estatal petrolera y que ha ejecutado sus obligaciones contractuales sin interrupciones. La empresa, que opera en 150 países, enfatizó que actúa bajo la legislación de cada jurisdicción donde tiene presencia. Esta postura surge tras las críticas de transportistas que señalan un favorecimiento hacia operadores internacionales en detrimento de las empresas locales de carga.

Conflicto con el transporte pesado

El pronunciamiento de la compañía coincide con una escalada de protestas en La Paz. Dirigentes del transporte pesado denunciaron que un cambio en la modalidad de contratación de servicios logísticos —el conjunto de operaciones de transporte y almacenamiento— ha concentrado las operaciones en un solo operador vinculado a Trafigura. Según los representantes del sector, esta situación ha dejado sin actividad a más de 1.000 cisternas que anteriormente prestaban servicios de importación.

Los transportistas sostienen que, a pesar de tener contratos vigentes con la estatal petrolera, no son convocados para el traslado de carburantes. Esta falta de asignación de carga ha generado pérdidas económicas para las empresas nacionales y los choferes independientes. Ante la falta de respuestas de las autoridades, el sector convocó a una marcha para el lunes 27 de abril, que partirá desde la zona de Senkata hacia el centro de la sede de gobierno.

Investigaciones y crisis de suministro

La tensión por los contratos de importación ocurre en un momento crítico para el abastecimiento de diésel y gasolina. En las últimas semanas, la Fiscalía realizó el secuestro de documentos en las oficinas de YPFB en Santa Cruz y La Paz para investigar presuntas irregularidades en las adjudicaciones. Estas acciones judiciales buscan determinar si existieron beneficios indebidos en los procesos de compra directa de combustibles, que representan una de las mayores partidas de gasto público debido a las subvenciones estatales.

La salida reciente de altos funcionarios del sector hidrocarburos y de la propia estatal petrolera ha profundizado la incertidumbre sobre la gestión energética. Mientras Trafigura insiste en que sus ofertas son competitivas frente a otros proveedores internacionales, los gremios del transporte exigen una revisión inmediata de los contratos para garantizar una distribución equitativa de las rutas de importación.

El desenlace de este conflicto dependerá de la apertura de una mesa de diálogo entre el gobierno y los transportistas. Por ahora, el sector mantiene la advertencia de radicalizar sus medidas de presión, incluyendo el cierre de fronteras, si no se transparentan los mecanismos de contratación y se restablece el flujo de trabajo para las cisternas nacionales.