El gobierno impulsa la reconversión de tierras para reactivar el crédito agrícola

El gobierno boliviano impulsa la implementación de la Ley 1720 con el objetivo de permitir que los pequeños productores agropecuarios reconviertan sus propiedades en medianas, eliminando las restricciones legales que actualmente les impiden utilizar la tierra como garantía bancaria. La medida busca revertir un estancamiento productivo derivado de un régimen de propiedad que data de 1953, el cual prohíbe la división, el embargo y la venta de la pequeña propiedad sin autorización judicial.

Según datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), aproximadamente 14.000 pequeños productores enfrentan estas limitaciones, lo que restringe su acceso a la banca tradicional. Esta situación obliga al sector a recurrir a microcréditos con tasas de interés elevadas y plazos reducidos, dificultando la inversión en maquinaria y tecnología. La brecha de productividad es evidente: mientras las pequeñas parcelas de soya rinden entre 800 y 1.200 kilos por hectárea, las medianas y grandes propiedades superan las tres toneladas mediante el uso de asistencia técnica.

Hacia un modelo de financiamiento climático

La estrategia gubernamental no solo apunta a la titulación y el crédito convencional, sino que intenta conectar la producción con el financiamiento ambiental tras la pérdida de 12,6 millones de hectáreas por incendios en 2024. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, señaló durante el Foro de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que el país debe transitar de un modelo extractivista hacia uno de "regeneración productiva" para atraer capitales internacionales.

Bolivia ocupa el segundo lugar mundial en pérdida de bosque tropical primario, solo detrás de Brasil, con 1,5 millones de hectáreas destruidas en el último año. Esta realidad ha generado urgencia en el Ejecutivo para establecer reglas que permitan monetizar la conservación a través de bonos de carbono y mercados de futuros. "No vamos a estar hablando de Madre Tierra mientras no estemos comprometidos con lo que el mundo requiere para recibir recursos", afirmó Justiniano.

Seguridad jurídica y mercados de carbono

El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, sostuvo que el saneamiento y la gobernanza territorial son fundamentales para que las comunidades participen en esquemas sostenibles. La Ley 1720 amplía a diez años la verificación de la Función Económica y Social (FES) para quienes se reconviertan, otorgando un margen de estabilidad para la consolidación de proyectos agrícolas de largo plazo.

Por su parte, el sector privado ha comenzado a explorar la certificación de emisiones. Empresas locales ya reportan la remoción de más de 300.000 toneladas de dióxido de carbono mediante el uso de biomasa forestal. El éxito de esta transición dependerá de la capacidad del Estado para generar certidumbre jurídica y atraer inversión privada que sustituya el financiamiento público directo, el cual, según el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ya no es suficiente para sostener el crecimiento del sector.

El cierre de esta reforma enfrenta la resistencia de sectores que temen una mayor concentración de la tierra, mientras los gremios agropecuarios advierten que la abrogación de la norma provocaría una caída inmediata en la producción nacional de alimentos.