Anapo afirma que la Ley 1720 fue una excusa para los bloqueos

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, afirmó este lunes que la abrogación de la Ley 1720 demostró que las movilizaciones y bloqueos en nuestro país responden a intereses políticos y no a demandas sectoriales. Según el ejecutivo, la normativa fue utilizada como un argumento para desestabilizar la gestión gubernamental, a pesar de que el sector agropecuario accedió a su anulación para facilitar una solución al conflicto.

Hernández señaló que, tras la eliminación de la ley, la persistencia de las medidas de presión evidencia que el objetivo de las protestas es distinto al planteado inicialmente. El representante de los productores cruceños advirtió sobre el severo impacto económico que estas acciones generan en la producción de alimentos y en el cumplimiento de los contratos internacionales de Bolivia.

Impacto en las exportaciones y la logística

El sector oleaginoso se encuentra actualmente en la fase final de la cosecha de verano y en el inicio de la siembra de invierno. La continuidad de los cortes de ruta amenaza la logística necesaria para estas labores y pone en riesgo el flujo de divisas. El complejo de la soya genera anualmente más de 1.000 millones de dólares en exportaciones de aceite, torta y grano, con mercados estratégicos en Perú, Ecuador y Colombia.

"Lo que el país necesita precisamente en estos momentos es cero bloqueos. Lo que necesitamos es producir", dijo Hernández. El ejecutivo explicó que el tránsito hacia el occidente es vital para la cadena exportadora y que cada jornada de interrupción en las carreteras deteriora la imagen de nuestro país como proveedor confiable en la región.

Riesgos para la integración regional

Desde la perspectiva de Anapo, la conflictividad social actual envía una señal negativa a los mercados externos y dificulta la posibilidad de que Bolivia se integre de manera efectiva a los corredores bioceánicos. Hernández lamentó que los avances logrados en meses de trabajo para la apertura comercial se hayan perdido en apenas 20 días de conflicto.

El gerente de la institución agropecuaria subrayó que la prioridad nacional debe ser garantizar la seguridad alimentaria y la captación de divisas. En ese sentido, reiteró que las medidas de presión carecen de justificación técnica tras la abrogación de la Ley 1720 y que el país requiere certidumbre para atraer inversiones y fortalecer su economía.

"Este tipo de bloqueos es la peor señal que podemos dar como país para integrarnos en los corredores bioceánicos", señaló Hernández, quien concluyó que las movilizaciones actuales persiguen fines que no deberían permitirse por el daño que causan a la estabilidad productiva nacional.