El gobierno boliviano se distanció este miércoles de la controversia generada por la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, al señalar que la resolución del conflicto corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE). La postura oficial surge tras la decisión del organismo de aceptar la declinación de la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), lo que dejó sin efecto la votación programada.
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, afirmó que la administración central no intervendrá en las disputas internas de las organizaciones políticas ni en las determinaciones administrativas de otros poderes del Estado. La autoridad subrayó que el Ejecutivo mantiene una posición de respeto hacia la independencia de funciones establecida en la Constitución Política del Estado.
“El gobierno no tiene competencia en los líos internos de las organizaciones políticas; somos respetuosos de la ley y de la independencia de los órganos del Estado”, dijo Santamaría. El viceministro añadió que el Tribunal Supremo Electoral es la instancia que deberá actuar conforme a la normativa vigente para resolver las impugnaciones o reclamos derivados de esta medida.
{{MEDIA_1}}El origen de la crisis en Nueva Generación Patriótica
La crisis institucional se desató luego de que la dirigencia nacional de NGP presentara una renuncia formal a participar en el balotaje. El TSE aceptó la declinatoria y determinó que la resolución no amerita revisión técnica, lo que consolidó la cancelación del proceso electoral en el departamento. Esta decisión ha sido cuestionada por diversos sectores que consideran que se vulnera el derecho al voto de la ciudadanía.
El conflicto interno en la organización política se agravó cuando su candidato, René Yahuasi, rechazó públicamente la decisión de su propia directiva. Yahuasi denunció presiones externas e internas para forzar su salida de la contienda, asegurando que su intención era competir en las urnas. Pese a estas declaraciones, el ente electoral ratificó que el trámite administrativo cumplió con los requisitos legales exigidos a la sigla.
Santamaría evitó pronunciarse sobre el impacto político que tendrá la ausencia de una segunda vuelta en la legitimidad de la futura autoridad departamental. El viceministro insistió en que cualquier cuestionamiento debe canalizarse a través de los mecanismos legales previstos en el régimen electoral y no mediante la intervención del Ministerio de la Presidencia o sus dependencias.
Reacciones y movilizaciones en el departamento
La anulación del balotaje provocó movilizaciones de simpatizantes de Yahuasi y críticas de actores de la oposición, quienes demandan la restitución del calendario electoral. Los sectores movilizados argumentan que la salida de NGP de la carrera electoral beneficia directamente al candidato que obtuvo la mayoría simple en la primera vuelta, alterando el equilibrio democrático en la región.
De acuerdo con el procedimiento legal, el TSE debe ahora formalizar la proclamación del ganador basándose en los resultados de la primera vuelta, al no existir un contendiente para la etapa de desempate. El gobierno reiteró que su rol se limitará a garantizar los recursos y la seguridad necesarios para que el órgano electoral concluya el cómputo oficial, sin emitir criterios sobre la validez de la declinación de candidaturas.
El desenlace de este conflicto definirá la administración de la gobernación paceña para los próximos cinco años, en un escenario marcado por la incertidumbre jurídica y la división interna de las fuerzas políticas participantes.
