Tribunal condena a diez años de cárcel a exministro de Medio Ambiente

El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción de La Paz dictó este jueves una condena de diez años de prisión contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, por su responsabilidad en un esquema de sobornos conocido como el Caso Coimas. El fallo judicial establece que el daño económico causado al Estado supera los 19 millones de bolivianos.

La sentencia también alcanza al exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, quien recibió una pena de seis años de cárcel. Junto a las exautoridades, el tribunal condenó a Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista a seis años de reclusión cada uno. Todos los sentenciados quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos o electivos una vez que el fallo adquiera ejecutoria.

El esquema de sobornos en obras públicas

La investigación, iniciada en abril de 2023, determinó la existencia de una red de corrupción que operaba dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Según los antecedentes del proceso, los funcionarios exigían pagos ilegales a empresas privadas a cambio de la adjudicación de contratos para obras públicas. El Ministerio Público imputó a un total de 15 personas en esta causa, la cual continúa abierta para otros implicados.

La Procuraduría General del Estado, a través de su Dirección de Litigio Local, informó que el proceso contó con la participación del Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo. La institución señaló que el fallo busca sentar un precedente en la fiscalización del patrimonio estatal y la lucha contra la corrupción administrativa.

Recuperación de activos y resarcimiento

Además de las penas privativas de libertad, la sentencia instruye al Ministerio Público proceder con la identificación y el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita por los involucrados. Esta medida forma parte de las acciones orientadas al resarcimiento del daño económico ocasionado a las arcas públicas durante la gestión de los ahora condenados.

El caso cobró relevancia nacional tras las denuncias presentadas el 8 de abril de 2023, que detallaban cómo se facilitaban los pagos irregulares para asegurar beneficios contractuales. Las autoridades judiciales consideran que esta resolución marca un hito en la persecución de delitos financieros cometidos por altos mandos del Ejecutivo en los últimos años.