Un proyecto de ley busca reformar la Policía para erradicar la tortura

El gobierno presentó un proyecto de ley integral para prevenir y sancionar la tortura que plantea una transformación estructural de la Policía Boliviana, con el objetivo de modificar prácticas institucionales y garantizar el respeto a los derechos humanos. La norma establece la incorporación obligatoria de contenidos sobre prevención de malos tratos en la malla curricular de todos los institutos policiales y programas de capacitación permanente para el personal de todas las jerarquías.

Transparencia y control operativo

El proyecto introduce medidas para reforzar la rendición de cuentas durante los operativos de seguridad. Según el documento, todos los efectivos deberán portar un número de identificación visible en sus uniformes, incluso durante intervenciones de control del orden público o acciones de unidades especializadas. Asimismo, la institución deberá llevar un registro detallado del material antidisturbios que especifique su asignación, uso y justificación para asegurar la trazabilidad del equipo utilizado.

En cuanto a los estándares técnicos, el texto normativo dispone la implementación obligatoria del Protocolo de Estambul para la investigación de la tortura y del Protocolo de Minnesota para muertes potencialmente ilícitas. La Policía tendrá un plazo de 90 días para adecuar sus procedimientos de entrevistas y toma de declaraciones a los Principios Méndez, que promueven técnicas de interrogatorio no coercitivas.

En el ámbito disciplinario, la propuesta legal modifica la lógica de la obediencia jerárquica. El reglamento interno deberá reconocer como eximente de responsabilidad el incumplimiento de órdenes superiores cuando estas impliquen actos de tortura. El proyecto prohíbe expresamente que un efectivo justifique acciones ilegales bajo el concepto de obediencia debida. Las sanciones previstas incluyen la destitución inmediata y la prohibición permanente de portar armas reglamentarias para quienes incurran, instiguen o consientan estas prácticas.

Supervisión y acceso a centros de detención

El rol del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) se fortalece con esta iniciativa. Las autoridades policiales estarán obligadas a garantizar el acceso irrestricto de esta instancia a todos los lugares de detención bajo su custodia, facilitando registros y documentación relevante. El MNP podrá realizar entrevistas privadas y confidenciales con personas detenidas sin presencia de terceros. Cualquier intento de obstaculizar estas inspecciones será sancionado administrativa o penalmente.

Respecto a la recepción de denuncias, la Policía deberá canalizar los casos de tortura y malos tratos al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas. El incumplimiento de este deber conlleva penas de uno a tres años de privación de libertad para el funcionario responsable. Para el personal destinado a recintos penitenciarios, la norma exige la supervisión del cumplimiento de las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok, orientadas a la atención digna de las personas privadas de libertad.