El gobierno audita la compra de radares franceses por fallas en su funcionamiento

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, informó que el gobierno presentará en los próximos días los resultados de una auditoría integral al sistema de 13 radares adquiridos a la empresa francesa Thales Air Systems. El anuncio coincide con la llegada al país de ejecutivos de la firma extranjera para analizar la situación técnica de los equipos, cuya operatividad es parcial y ha sido objeto de cuestionamientos desde su contratación en 2016.

La adquisición se realizó durante la gestión de Evo Morales bajo la modalidad llave en mano por un monto de 191 millones de euros (aproximadamente 223 millones de dólares). El proyecto, denominado Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), tenía como objetivo principal la detección de vuelos irregulares vinculados al narcotráfico y el control del espacio aéreo civil y militar. Aunque el contrato se firmó hace ocho años, la instalación de los equipos concluyó recién entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023.

Operatividad limitada y falta de normativa

El ministro Salinas reconoció que el sistema no funciona en su totalidad. "Ahorita la mitad de los radares están funcionando", señaló la autoridad, quien evitó precisar la ubicación exacta de las unidades activas. Esta declaración contrasta con informes previos del propio ministerio, que en febrero indicaron que solo dos de los nueve radares destinados al control civil estaban operativos, mientras que los equipos de uso militar permanecían inactivos.

La falta de resultados en la interdicción aérea también se atribuye a la ausencia de marcos normativos que permitan una coordinación efectiva entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). A pesar de estas limitaciones, el comandante general de la FAB, Sergio Lora Araoz, afirmó en abril que la institución utiliza los radares en tareas de vigilancia desde hace dos años, contradiciendo las versiones sobre la inactividad total del sistema.

Cuestionamientos técnicos y legales

El proceso de compra y despliegue ha sido criticado por especialistas en seguridad. Jorge Santistevan, analista y oficial de Ejército en retiro, señaló que el proyecto presentó irregularidades desde su origen y que nunca se ha entregado un informe transparente sobre la ubicación y el estado de los 13 radares. Según Santistevan, el funcionamiento real no alcanza el 50% y existen dudas sobre si la totalidad de las unidades fueron efectivamente instaladas en los puntos estratégicos previstos.

El informe de auditoría que el gobierno entregará a Thales Air Systems incluye una evaluación técnica y legal que determinará las responsabilidades por los retrasos y las fallas en la puesta en marcha. El Ejecutivo busca establecer si la empresa cumplió con las especificaciones del contrato original o si existen deficiencias en el mantenimiento y la transferencia tecnológica acordada.

El futuro del control soberano del espacio aéreo depende ahora de la renegociación con la firma francesa y de la implementación de protocolos que permitan integrar los datos de los radares con las operaciones de campo contra el crimen organizado. La Asamblea Legislativa Plurinacional también ha recibido solicitudes para iniciar un proceso de fiscalización independiente sobre el uso de los recursos destinados a este proyecto de seguridad nacional.