Amenaza de suspensión del torneo nacional
Los 16 clubes de la División Profesional del fútbol boliviano emitieron un comunicado este lunes en el que amenazan con suspender el campeonato nacional si la justicia del país falla en su contra en una disputa con la empresa Telecel S.A. (Tigo), que poseía los derechos de televisación hasta la temporada 2024.
“Advertimos con absoluta firmeza que, si la justicia boliviana llegara a favorecer a Telecel S.A. – Tigo, desconociendo el daño ocasionado y legitimando un acto ilícito, los 16 clubes de la División Profesional nos veremos obligados a paralizar de inmediato toda actividad futbolística en el país”, señala el documento. La medida incluiría la suspensión total del campeonato y de cualquier otra competencia oficial.
Los clubes acusan a la compañía de telecomunicaciones de realizar “desesperadas y descaradas maniobras de manipulación de la justicia” y califican la situación como “un atentado contra la legalidad, la transparencia y la dignidad del deporte nacional”.
El origen de la controversia
El conflicto se centra en una demanda presentada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que acusa a Tigo de retransmitir partidos de la Primera División del año anterior de manera “ilegal” entre enero y marzo de 2025, una vez finalizado su contrato. La empresa, por su parte, sostiene que al haber cumplido con el pago acordado por los derechos de 2024, estaba facultada para retransmitir dicho material.
A raíz de un amparo constitucional presentado por la FBF, la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz ordenó el congelamiento de fondos y activos de Tigo por un monto de 17,8 millones de dólares, afectando a diez de sus cuentas bancarias. Telecel S.A. ha calificado la medida como una “aberración”, argumentando que el monto fue determinado unilateralmente por la FBF y que el contrato entre ambas partes estipulaba que cualquier controversia debía resolverse mediante arbitraje, vía que la federación omitió.
Reacciones del sector empresarial
La decisión judicial ha generado una fuerte reacción de las principales organizaciones empresariales del país. La Cámara Nacional de Comercio expresó su “profunda preocupación”, advirtiendo que la medida no solo afecta a la empresa, sino que “compromete la continuidad de la prestación de servicios de telecomunicaciones” para la población y deteriora la seguridad jurídica y la confianza para las inversiones.
En la misma línea, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó la decisión judicial de “irregular” y señaló que pone en riesgo el acceso de miles de ciudadanos a servicios fundamentales como telefonía e internet. Según la CEPB, la medida “vulnera el principio del debido proceso y menosprecia el uso del arbitraje”. La organización considera que se ha sentado un “nefasto antecedente jurisprudencial” y solicitó a las autoridades restablecer las condiciones para que la empresa pueda operar con normalidad.
La posición de la FBF
En respuesta, la Federación Boliviana de Fútbol defendió su accionar, argumentando que la retransmisión de partidos sin un contrato vigente constituyó un “acto ilícito” y una “violación a los derechos de transmisión”, que son la principal fuente de ingresos para el fútbol profesional en Bolivia. La FBF insistió en que el caso no se enmarca en una controversia contractual sujeta a arbitraje, sino en una infracción directa a sus derechos.
En su comunicado del lunes, los 16 clubes respaldaron esta postura y recalcaron que no permitirán “que la justicia sea utilizada como instrumento de intereses privados que han dañado gravemente al deporte nacional”.
