El gobierno auditará arbitrajes internacionales tras fallo adverso de 105 millones de dólares

El gobierno boliviano anunció el inicio de una auditoría integral a los procesos de arbitraje internacional tras la ratificación de un fallo que obliga al Estado a pagar 105 millones de dólares al banco español BBVA Previsión. La medida, informada por la Procuraduría General del Estado, busca evaluar la gestión jurídica de casos que actualmente comprometen cerca de 800 millones de dólares en demandas externas.

La decisión se produce luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara el último recurso de anulación presentado por la defensa estatal, lo que dejó sin vías legales adicionales para impugnar la sentencia. El subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Longaric, explicó que la revisión no solo responde a la obligación de cumplir con la decisión internacional, sino a la necesidad de examinar cómo se gestionaron estos procesos en administraciones anteriores.

Objetivos de la fiscalización jurídica

De acuerdo con Longaric, la auditoría tiene tres objetivos centrales: establecer la metodología de gestión de los arbitrajes, identificar fallas estructurales en la administración jurídica del Estado y fortalecer la defensa en los procesos que aún se encuentran vigentes. El funcionario señaló que el proceso permitirá determinar posibles responsabilidades en la conducción de la defensa legal.

"Una vez identificados los responsables, el Estado, a través del Gobierno nacional, iniciará las acciones correspondientes para poder recuperar el daño económico causado", dijo Longaric durante una conferencia de prensa. La revisión abarcará la totalidad de los procesos en los que el país actúa como parte demandada ante tribunales internacionales.

El procurador general, Hugo León Lafaye, detalló que el conflicto con BBVA comenzó en 2017, cuando la entidad financiera activó una controversia bajo el tratado bilateral de inversiones entre Bolivia y España. El proceso se formalizó en 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En 2022, un tribunal determinó que el Estado incumplió estándares de trato justo y equitativo.

Impacto financiero y fondos de pensiones

Ante la consolidación de la deuda, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, afirmó que las autoridades evalúan canales financieros para cumplir con la indemnización sin generar un impacto severo en la economía nacional. Valencia sostuvo que el Estado actuará bajo el marco de la ley y sus compromisos internacionales, priorizando la defensa de los intereses fiscales.

Por su parte, el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aclaró que el pago de 105 millones de dólares no afectará los ahorros de los trabajadores. Fernández explicó que los recursos administrados para la jubilación constituyen un patrimonio autónomo e independiente del tesoro estatal. "El resultado del laudo arbitral no va a afectar a las pensiones", dijo el ejecutivo, al precisar que esos fondos tienen un destino específico protegido por normativa vigente.

El fallo contra el Estado se suma a una serie de procesos derivados de las nacionalizaciones y cambios regulatorios iniciados en la última década. La Procuraduría prevé que los resultados de la auditoría sirvan como base para reformular la estrategia de defensa en los tribunales de arbitraje comercial y de inversiones.