El fin de la banda de precios impulsa el encarecimiento de la leche

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural eliminó la banda de precios que regulaba la cadena láctea, una decisión que ha provocado un incremento inmediato en el costo de la leche y sus derivados en los principales mercados. La medida, oficializada mediante una resolución ministerial, anula la normativa vigente desde inicios de año que fijaba rangos de referencia —límites mínimos y máximos de venta— para proteger el consumo interno.

Tras la liberación del mercado, el litro de leche comenzó a comercializarse en nueve bolivianos en los centros de abasto, lo que representa un ajuste al alza frente a los niveles previos. Comerciantes de diversos puntos de venta señalaron que los incrementos han sido progresivos en las últimas semanas, coincidiendo con la transición hacia un esquema donde el precio se define por la libre interacción entre la oferta y la demanda.

El impacto en los centros de abasto

El encarecimiento no se limita únicamente a la leche fluida. Según un relevamiento en mercados populares, el precio del queso ha alcanzado los 54 bolivianos, dependiendo de su procedencia y peso. Los vendedores atribuyen esta tendencia a una reducción estacional de la oferta debido a la temporada de invierno, periodo en el que la producción de forraje disminuye y la productividad del ganado lechero tiende a bajar.

La resolución gubernamental que dejó sin efecto la regulación anterior instruyó a Pro-Bolivia, la entidad estatal encargada de promover la producción nacional, a implementar un sistema de monitoreo de precios. Este mecanismo busca evitar especulaciones desmedidas, aunque por el momento no se han reportado controles directos o sanciones en los puntos de venta minoristas. El gobierno también dispuso la conformación de una mesa de coordinación con los distintos actores del sector para evaluar el comportamiento del mercado.

Los argumentos del sector productivo

La eliminación de la banda de precios responde a una demanda histórica de los productores lecheros, quienes advirtieron sobre una crisis estructural en el sector. De acuerdo con representantes de las organizaciones productivas, la regulación que estaba vigente desde 2012 desincentivó la inversión y provocó el cierre de múltiples unidades productivas en la última década. La producción nacional registró un retroceso sostenido debido a que los precios fijados por el Estado no cubrían los costos operativos.

Los productores explicaron que el encarecimiento de insumos importados, el aumento en las tarifas de transporte y el costo de la alimentación del ganado hicieron insostenible el esquema anterior. Según el sector, la banda de precios limitaba la rentabilidad mínima necesaria para mantener las granjas operativas, lo que derivó en una menor disponibilidad de producto para la industria y el consumidor final.

El sector lechero sostiene que permitir que los precios se ajusten según la realidad del mercado es la única vía para recuperar los niveles de producción y garantizar el abastecimiento interno a largo plazo. Argumentan que, bajo el modelo de regulación estricta, el desabastecimiento era un riesgo inminente debido a la migración de productores hacia otros rubros económicos más rentables.

El nuevo esquema de monitoreo y coordinación entre el gobierno y los privados será determinante para observar si el alza actual es un ajuste temporal por el cambio de política o si se convertirá en una tendencia inflacionaria dentro de la canasta básica. Por ahora, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la cadena de suministros mientras el mercado asimila la ausencia de precios máximos legales.