El gobierno presenta una ley para abrir el sector eléctrico al capital privado

El gobierno presentó el jueves el anteproyecto de la nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables, una propuesta legislativa que busca transformar el modelo energético del país mediante la apertura al capital privado y la modernización del sistema de generación. La norma pretende sustituir el esquema actual, dominado por el Estado, por un mercado competitivo que reduzca la dependencia de los hidrocarburos.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que la reforma es necesaria para corregir el déficit fiscal a través de la captación de nuevos ingresos. Según la autoridad, la llegada de capitales dependerá de la capacidad del Estado para otorgar seguridad jurídica, lo que requiere cambios estructurales en los sectores estratégicos. Esta ley es la primera de un paquete normativo que el Ejecutivo impulsará en los próximos meses e incluye reformas en las áreas de inversiones, minería e hidrocarburos.

Transición hacia un mercado competitivo

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, señaló que el proyecto inicia ahora una fase de revisión técnica y jurídica de 15 días antes de su remisión a la Asamblea Legislativa. Durante este periodo, el gobierno prevé socializar el contenido con actores del sector y organizaciones civiles. "Con esta nueva ley pasamos de un mercado controlado prácticamente por el Estado a un mercado competitivo, dando el rol que le corresponde al sector privado", afirmó Blanco.

La propuesta cuestiona la vigencia del marco normativo actual, al que las autoridades califican de disperso y desactualizado. Según el Ejecutivo, la legislación vigente no contempla tecnologías críticas como el almacenamiento energético, la generación distribuida o las energías renovables no convencionales, manteniendo una alta dependencia del gas natural.

Nuevas figuras y subastas de energía

La normativa introduce la figura del "comercializador" y establece un sistema de subastas de energías renovables para fomentar la transparencia en la adjudicación de proyectos. Además, el proyecto busca limitar el monopolio de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en las interconexiones internacionales, permitiendo que empresas privadas participen en la exportación e integración regional.

En el ámbito institucional, el gobierno plantea devolver la independencia a la autoridad reguladora y al Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC). El objetivo es que el Ministerio de Hidrocarburos centralice la definición de políticas, mientras que una unidad especializada se encargue de la planificación del sistema eléctrico nacional.

El cierre de la propuesta ratifica la intención de convertir al país en un centro de integración energética regional. Aunque el texto promete garantizar tarifas equitativas y acceso universal, el Ejecutivo no ha detallado todavía cómo afectará la apertura del mercado a los precios finales para el consumidor doméstico.