El partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, presentó el martes su plan de gobierno para el periodo 2026-2031, una hoja de ruta denominada “Perú con Orden” que prioriza el control territorial, la disciplina fiscal y la lucha contra la criminalidad organizada. El documento establece como meta principal la reducción de la pobreza al 15% y el fortalecimiento de la inversión privada mediante la digitalización del Estado.
La propuesta de Fujimori se divide en tres ejes fundamentales: orden, economía y desarrollo social. En el ámbito de la seguridad, el plan diagnostica una crisis institucional profunda, señalando que el 82% de los vehículos policiales en las comisarías de Perú se encuentra inoperativo y que el 44% de estas dependencias carece de servicios básicos. Ante este escenario, la organización política plantea la creación de una plataforma nacional de vigilancia en tiempo real y la construcción de centros penitenciarios de gran escala.
Reformas económicas y lucha contra la corrupción
En materia económica, el programa busca atraer entre 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales en inversión privada para generar 500.000 empleos formales. Según el documento, la meta es reducir el déficit fiscal al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) y elevar la formalidad de las micro y pequeñas empresas al 60%. “Cuando hay orden, hay futuro”, afirmó Keiko Fujimori durante la presentación, al subrayar que la estabilidad es el requisito previo para el crecimiento.
El plan dedica un capítulo a la corrupción, fenómeno que, de acuerdo con las cifras del partido, le cuesta a Perú más de 24.000 millones de soles anuales, equivalentes al 12,7% del gasto público. Para mitigar este impacto, Fuerza Popular propone el uso de inteligencia artificial en las compras estatales y la implementación de una criptomoneda estatal para transacciones públicas, una medida que busca aumentar la trazabilidad de los fondos.
Infraestructura y metas sociales
En el área social, el fujimorismo reconoce brechas críticas en servicios básicos. El diagnóstico indica que más de 3,5 millones de ciudadanos carecen de agua potable y que el déficit en infraestructura educativa supera los 158.800 millones de soles. La estrategia incluye la construcción de 3.000 colegios y la digitalización de historias clínicas en el sistema de salud pública.
Respecto al sector extractivo, el plan propone una política de reparto directo del 40% del canon minero entre la población de las zonas de influencia, bajo control comunitario. Esta medida busca reducir la conflictividad social que ha paralizado diversos proyectos en los últimos años. El documento también plantea duplicar la proporción de energías renovables en la matriz energética nacional, pasando del 6% actual al 20% para el final del quinquenio.
El cierre del programa establece un sistema de rendición de cuentas semestral para monitorear el avance de las metas. Según el equipo técnico de Fuerza Popular, la viabilidad del plan depende de alcanzar una expansión económica de hasta el 6% anual hacia 2031, apoyada en la minería, la agroexportación y el turismo como motores fiscales.
