La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia inició este lunes una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por presuntas interceptaciones ilegales a las comunicaciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella. El proceso legislativo surge tras las denuncias formales presentadas por el equipo jurídico del político afectado, quienes alegan una violación ilícita de comunicaciones coordinada desde instancias gubernamentales.
La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico —coalición oficialista— y actual presidenta de la corporación, quedó a cargo del expediente. El caso será sometido a reparto formal este martes 6 de abril de 2026, coincidiendo con el reinicio de las actividades legislativas en el Congreso colombiano tras el receso de Semana Santa.
Origen de la denuncia y el rol de la inteligencia
La acción legal que motiva esta investigación fue interpuesta por el abogado Germán Calderón España, representante legal de De La Espriella. La denuncia señala directamente a personas no identificadas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y al jefe de Estado como presuntos responsables de obtener información privada de manera irregular.
El conflicto escaló luego de que el presidente Petro hiciera referencia pública a supuestos informes de inteligencia. En dichas declaraciones, el mandatario vinculó a De La Espriella con los hermanos Bautista, socios de la empresa Thomas Greg & Sons, en el contexto de las controversias contractuales por la expedición de pasaportes en Colombia. Según la defensa del candidato, el uso de estos datos confirmaría que el Ejecutivo utiliza los organismos de seguridad para vigilar a opositores políticos.
La Comisión de Investigación y Acusaciones es el único organismo competente en Colombia para procesar judicialmente a un presidente en ejercicio. El desarrollo de esta etapa preliminar determinará si existen pruebas suficientes para abrir una investigación formal que podría derivar en un juicio de responsabilidad política o penal ante el Senado.
Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la designación de Arizabaleta ni sobre el avance del proceso en el Legislativo. Se espera que en las próximas semanas se defina el cronograma de citaciones y la recolección de testimonios de los funcionarios de inteligencia mencionados en la denuncia.
