El gobierno anula 161 decretos de contratación directa por presunta corrupción

El gobierno boliviano aprobó este lunes el Decreto Supremo 5600, una norma que anula 161 decretos que autorizaban contrataciones directas de bienes, obras y servicios. La medida busca desmantelar un esquema administrativo que, según las autoridades, facilitó la malversación de recursos públicos y la ejecución de proyectos ineficientes durante los últimos 20 años.

El presidente Rodrigo Paz explicó que la normativa ataca un sistema donde la contratación directa se convirtió en un mecanismo de corrupción. De acuerdo con el mandatario, los procesos de adjudicación beneficiaron a personas vinculadas al partido de gobierno anterior sin cumplir con controles de transparencia. "Estos contratos no son simples papeles, son el dinero de todos los bolivianos", señaló Paz durante la presentación de la norma en la Casa Grande del Pueblo.

Impacto económico y auditorías

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, detalló que de los 161 decretos anulados, 105 carecían de un monto límite establecido, lo que permitía adjudicaciones discrecionales en cualquier momento. El informe oficial estima que estas normas representan un daño económico que supera los 96 millones de dólares y los 7.930 millones de bolivianos.

Lupo anunció que el Ejecutivo iniciará auditorías sobre los proyectos ejecutados bajo este régimen para establecer responsabilidades legales. "Este decreto va a revisar todo lo que se hizo en el pasado porque tiene que haber responsables y procesos", afirmó el ministro, quien calificó la estructura previa como un "Estado cloaca".

Proyectos observados

Entre las obras cuestionadas por el gobierno se encuentran el Museo de Orinoca en Oruro, con una inversión de 47 millones de bolivianos, y el Hospital Gastroenterológico de La Paz, que permanece inacabado y sin personal asignado. También se mencionaron tres unidades de radioterapia paralizadas en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, además del aeropuerto de San Ignacio de Velasco, que no registra vuelos comerciales regulares.

La nueva disposición legal también libera el uso de tarjetas de crédito y débito para compras estatales en el exterior, con el fin de transparentar las transacciones internacionales. El gobierno proyecta que la restitución de las licitaciones públicas obligatorias permitirá recuperar la confianza institucional y optimizar el gasto público en los próximos proyectos de infraestructura.