Justicia colombiana ratifica prohibición de consumo de drogas en espacios públicos de Cali

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ratificó la legalidad del Decreto 0125 de 2024, emitido por la Alcaldía de Cali, Colombia, que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en parques, centros deportivos y un radio de 200 metros alrededor de instituciones educativas. El fallo judicial revocó una sentencia previa de septiembre que cuestionaba la norma, validando la restricción del consumo incluso de la dosis personal en estos espacios específicos.

La decisión judicial enfatiza la validez de las expresiones "parques" y "durante las 24 horas del día" contenidas en la normativa local. Con este respaldo, la administración de Cali mantiene la facultad de intervenir en espacios públicos para limitar el consumo de estupefacientes, priorizando los derechos de los menores de edad sobre el libre desarrollo de la personalidad de los consumidores en áreas sensibles.

Alcance de las restricciones y sanciones

El decreto, firmado por el alcalde Alejandro Eder, delimita un perímetro de exclusión que abarca colegios públicos y privados, jardines infantiles, institutos técnicos y universidades. La prohibición se extiende a polideportivos, coliseos, plazas y plazoletas culturales de la ciudad. Según el secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Javier Garcés, la medida busca garantizar entornos seguros donde los menores desarrollan su vida cotidiana.

Las personas que infrinjan esta disposición recibirán un comparendo de 693.333 pesos colombianos, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Garcés señaló que los derechos de los niños cuentan con protección constitucional y que el Estado tiene la obligación de asegurar que puedan estudiar y recrearse sin exposición a situaciones que afecten su bienestar físico.

Impacto en la seguridad ciudadana

En los últimos años, las autoridades de Cali han registrado entre 25.000 y 30.000 comparendos anuales por consumo de drogas en lugares prohibidos. A pesar de que el número de sanciones se mantiene elevado, el gobierno local sostiene que el decreto proporciona las herramientas legales necesarias para la recuperación del espacio público.

El fallo del Tribunal resolvió negar las pretensiones de una demanda ciudadana que buscaba anular la norma. El documento judicial precisa que el tratamiento del consumo problemático de sustancias no será abordado mediante la criminalización, sino a través de la Política Distrital de Salud Mental y Convivencia Social. El desafío para la administración de Cali reside ahora en lograr un cambio de comportamiento ciudadano que reduzca la incidencia de sanciones en los entornos protegidos.