La Cámara de Diputados posterga el tratamiento de la ley transitoria judicial

La presidencia de la Cámara de Diputados mantiene sin agenda el proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a pesar de que la norma fue aprobada en comisión hace casi tres meses. La demora impide que el TCP, que actualmente cuenta con solo cuatro magistrados, alcance el quórum necesario para emitir sentencias constitucionales.

Kathia Saucedo, secretaria técnica de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, informó que el proyecto fue remitido a la presidencia de la instancia legislativa el 16 de enero. Según la funcionaria, se enviaron al menos tres notas al presidente de Diputados, Roberto Castro, solicitando el tratamiento de la norma, sin obtener respuesta hasta la fecha. La propuesta legal busca reducir temporalmente el número de magistrados requeridos para que la sala plena del TCP pueda sesionar con cuatro miembros y la Comisión de Admisión con tres.

Parálisis institucional y falta de coordinación

El proyecto de ley 022 establece un régimen transitorio que también afecta al TSJ, permitiendo que este trabaje con siete magistrados. Aunque la iniciativa figura en el último punto de la agenda semanal de la Cámara Baja, no fue incluida en el orden del día para la sesión plenaria programada para este miércoles. Esta omisión técnica ha generado críticas sobre la gestión de la directiva legislativa y la falta de prioridad en la resolución de la crisis del sistema judicial.

El diputado Édgar Zegarra, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), señaló una falta de interés político por parte del presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara. Zegarra afirmó que la ausencia de coordinación desde la vicepresidencia del Estado obstaculiza el trabajo legislativo necesario para solucionar la acefalía en los altos tribunales del país.

Riesgos legales y plazos perentorios

La urgencia de la norma radica en que el proyecto fijó el 30 de junio como plazo límite para la selección de los nuevos magistrados. A menos de dos meses de que venza ese periodo, el riesgo de que ambos tribunales continúen incompletos aumenta, lo que compromete la seguridad jurídica y el acceso a la justicia para los ciudadanos.

El senador José Sánchez, de la agrupación Libre, advirtió que la imposibilidad del TCP para emitir fallos está generando una acumulación crítica de causas pendientes. Sánchez explicó que las actuaciones actuales de los cuatro magistrados corren el riesgo de ser impugnadas, ya que podrían estar vulnerando la normativa vigente al operar sin el quórum reglamentario. El legislador señaló que esta situación podría derivar en procesos legales contra las autoridades judiciales si no se establece un marco legal transitorio de manera inmediata.