El gobierno promulga una ley de tierras que desata protestas indígenas y campesinas

El presidente Rodrigo Paz promulgó el 8 de abril la Ley 1720, una normativa que permite la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias en medianas. La medida generó el rechazo inmediato de organizaciones indígenas y campesinas, que iniciaron una marcha desde la Amazonía hacia la ciudad de La Paz bajo el argumento de que la ley beneficia a grandes empresarios y promueve la deforestación.

La norma fue firmada durante un acto con empresarios agroindustriales en el departamento de Santa Cruz. El proyecto, introducido originalmente por el senador Branko Marinkovic, busca que los pequeños productores puedan utilizar sus tierras como garantía para acceder a créditos bancarios. Sin embargo, diversos sectores sociales y expertos legales sostienen que la medida vulnera el régimen agrario establecido en la Constitución Política del Estado.

Cuestionamientos a la constitucionalidad y el control estatal

Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, señaló que la ley es inconstitucional porque debilita la protección de la pequeña propiedad. Según la experta, la normativa elimina el carácter inembargable de estas tierras y reduce el control estatal sobre su uso. La ley establece una suspensión de la verificación de la Función Económica Social (FES) por diez años para quienes se acojan a la recategorización, lo que implica que el Estado no fiscalizará si la tierra cumple un fin productivo sostenible durante ese periodo.

Por su parte, Leonardo Tamburini, director de la organización ORÉ, explicó que la medida favorece a propietarios que fraccionaron medianas y grandes extensiones para titularlas como pequeñas y así evadir impuestos. "Esto significa aumentar la tasa de deforestación a niveles mucho mayores a los ya incontrolables que tenemos en la actualidad", afirmó Tamburini. Según datos de la Fundación Tierra, solo en Santa Cruz existen 7.000 propiedades de entre 100 y 500 hectáreas que podrían beneficiarse de este cambio de categoría.

Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), advirtió que la norma facilita la mercantilización de la tierra. Vargas indicó que el 75 % de la superficie reconocida como pequeña propiedad en Santa Cruz está bajo control del sector ganadero, y que la conversión a mediana propiedad permitirá procesos de especulación en ecosistemas críticos como el Bosque Seco Chiquitano.

La postura del Ejecutivo y el avance de las movilizaciones

El presidente Paz defendió la legalidad de la norma y aseguró que no afecta a tierras comunales ni a reservas naturales. "No se puede ni se debe engañar a la gente", sostuvo el mandatario, quien atribuyó las críticas a discursos políticos que buscan movilizar a la población de manera infundada. El gobierno sostiene que la ley es una herramienta necesaria para capitalizar la producción rural y dinamizar la economía del sector agropecuario.

Desde el sector indígena, la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Wilma Mendoza Miro, denunció que la ley fue aprobada sin consulta previa, libre e informada. Mendoza afirmó que la normativa abre el camino a la individualización de territorios colectivos y al avance del agronegocio sobre áreas protegidas.

Una comisión gubernamental, encabezada por el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, se trasladó hasta el municipio de Rurrenabaque para intentar frenar la movilización. Vaca Díez informó que se lograron acuerdos con dos comunidades de Beni que decidieron retirarse de la protesta, pero el grueso de la marcha, compuesto por organizaciones de Pando y Beni, mantiene su rumbo hacia la sede de gobierno.

El conflicto persiste mientras los marchistas exigen la abrogación total de la Ley 1720. Las autoridades han manifestado su disposición al diálogo, aunque descartan por el momento dar marcha atrás en la aplicación de la normativa, lo que anticipa un incremento en la tensión social en las próximas semanas.