Condenan a exfuncionarios de vivienda por favorecer irregularmente a una constructora

El Juzgado Primero de Sentencia Penal de Cochabamba condenó a dos exfuncionarios de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) a penas de cuatro y cinco años de prisión por manipular procesos de contratación para favorecer a una empresa constructora, según informaron las autoridades judiciales el jueves. Los implicados fueron hallados culpables de los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo tras comprobarse la alteración de datos técnicos y propuestas económicas.

La investigación determinó que las irregularidades ocurrieron durante la licitación del proyecto de construcción de viviendas en el municipio de Sacaba, correspondiente a la Fase XXVIII de la gestión 2024. Los ahora sentenciados intervinieron en la evaluación de las ofertas para asegurar que una compañía específica obtuviera el contrato, vulnerando los principios de transparencia y competencia que rigen las adquisiciones estatales en el país.

El proceso judicial y la reactivación del caso

El caso se originó a partir de una denuncia presentada en marzo de 2024. Sin embargo, el proceso permaneció estancado hasta diciembre de 2025, cuando la administración de la entidad estatal impulsó la reactivación de las investigaciones. Tras una serie de audiencias celebradas entre el 16 y el 17 de abril, el tribunal dictó la sentencia condenatoria que ordena el traslado de los exservidores a centros penitenciarios del departamento de Cochabamba.

El Ministerio de Obras Públicas señaló que el fallo judicial responde a una política de fiscalización sobre los recursos destinados a la vivienda social. Las autoridades indicaron que la manipulación de los cuadros comparativos de ofertas fue la prueba central para demostrar el beneficio irregular otorgado a la constructora. Según el informe oficial, los funcionarios utilizaron su acceso al sistema para modificar puntajes y criterios técnicos que inicialmente descalificaban a la empresa favorecida.

Control en las contrataciones estatales

La resolución de este proceso marca un precedente en la supervisión de los proyectos de infraestructura básica. El gobierno ha reforzado los mecanismos de control interno en AEVivienda para evitar que los comités de calificación actúen de manera discrecional. Esta medida busca proteger el presupuesto asignado a programas sociales que benefician a sectores vulnerables de la población.

Desde el Ejecutivo se enfatizó que no se tolerarán actos de corrupción que comprometan la ejecución de obras públicas. Las autoridades del sector aseguraron que se continuará con acciones para sancionar cualquier irregularidad en la administración de recursos públicos. La sentencia también contempla la inhabilitación de los condenados para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure su reclusión.

El sistema judicial procesa actualmente otros casos similares vinculados a la gestión de proyectos de vivienda en diferentes regiones. La condena de los exfuncionarios en Cochabamba es vista como una señal de rigor en la persecución de delitos económicos contra el Estado. Las autoridades no descartaron que la investigación se amplíe para determinar si existieron otros cómplices dentro de la estructura administrativa de la agencia o si la empresa constructora involucrada debe enfrentar sanciones administrativas adicionales.