Política
El gobierno decreta la dotación de tierras en Beni y Pando
El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5613 para facilitar el acceso a predios fiscales en la Amazonía. La medida busca frenar la marcha indígena que se dirige a la sede de Gobierno.
El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5613, una norma que establece lineamientos para la dotación y titulación de tierras en la región amazónica, con prioridad en los departamentos de Pando y Beni. La medida, anunciada la noche del martes, busca responder a las demandas de las comunidades campesinas e indígenas que mantienen una movilización hacia la sede de Gobierno.
El decreto permite el acceso a tierras fiscales disponibles, así como a predios revertidos o expropiados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Según el artículo 6 de la norma, la dotación se realizará bajo el criterio de función social, considerando la existencia de una solicitud formal, el reconocimiento de la organización solicitante y la densidad poblacional de la zona. El mandatario afirmó que la disposición fortalece los compromisos generados para atender las necesidades de ambos departamentos.
Revisión de concesiones y digitalización
La normativa instruye a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) iniciar una revisión de las concesiones forestales, tanto maderables como no maderables. El objetivo es verificar su vigencia y el cumplimiento de la normativa actual. En caso de detectarse irregularidades, estas concesiones podrán ser revertidas al Estado para ser convertidas en tierras fiscales disponibles para su posterior dotación.
Para agilizar estos procesos, el gobierno dispuso la modernización del INRA mediante la digitalización de expedientes agrarios y el uso de registros georreferenciados. Esta medida pretende dar celeridad administrativa específicamente en Pando y Beni, regiones donde se concentra el conflicto por la tenencia de la tierra. Asimismo, el decreto refuerza la protección de la pequeña propiedad agraria frente a posibles avasallamientos u ocupaciones ilegales.
Continuidad de la movilización
Pese al anuncio oficial, la marcha indígena que partió el 8 de abril continúa su trayecto. Los movilizados exigen la atención a sus demandas respecto a la Ley 1720, que trata sobre la reconversión de la pequeña a mediana propiedad. Tras un intento fallido de negociación con una comisión de viceministros en el municipio de Caranavi el pasado lunes, los manifestantes reanudaron su caminata.
El avance de la columna humana se dirige ahora hacia la cumbre, en un tramo marcado por condiciones climáticas adversas. El gobierno espera que la implementación del Decreto Supremo 5613 permita establecer una nueva mesa de diálogo, mientras los dirigentes indígenas evalúan el alcance técnico y legal de la norma antes de definir si suspenden las medidas de presión.





