El gobierno identifica 14 empresas públicas para su posible liquidación

El gobierno boliviano identificó 14 empresas públicas que podrían ser liquidadas como parte de un plan de ajuste fiscal y reducción del gasto estatal, según informó el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales. La medida busca optimizar los recursos públicos mediante el cierre de entidades que no presentan resultados sostenibles ni cumplen una función estratégica clara en la economía nacional.

La autoridad explicó que este grupo inicial de empresas representa el primer paso de una revisión profunda del aparato estatal. "Hay más o menos unas 14 empresas que vemos que no tienen una razón de ser y creemos que podrían llegar a ser el primer esbozo de ajustes que podríamos llevar adelante en cuanto a los recortes o a las liquidaciones", dijo Morales. El funcionario señaló que estas unidades productivas consumen recursos del Tesoro General de la Nación sin generar retornos económicos ni beneficios sociales tangibles.

El proceso de evaluación técnica se extenderá por un periodo de 90 días. Durante este lapso, las autoridades del sector económico elaborarán un informe detallado, empresa por empresa, para determinar si corresponde su continuidad operativa, una reestructuración administrativa o el cierre definitivo. Este análisis pretende establecer criterios de eficiencia para justificar la permanencia de las firmas estatales en el mercado y evitar que sigan operando bajo condiciones de pérdida financiera.

Nuevas facultades para la liquidación estatal

Para viabilizar estos cierres, el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que modifica las atribuciones de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). La propuesta normativa busca otorgar a esta entidad la función de entidad liquidadora, lo que le permitiría gestionar legalmente la disolución, fusión o reestructuración de las compañías que el gobierno determine tras la evaluación técnica.

Actualmente, la OFEP se encarga principalmente del seguimiento y la mejora del desempeño de las empresas del Estado. Con el cambio legal propuesto, la oficina tendría la capacidad jurídica para intervenir en los procesos de cese de operaciones, un mecanismo que las autoridades consideran necesario para agilizar la reducción del déficit y evitar el drenaje continuo de fondos hacia unidades deficitarias. El viceministro Morales precisó que la intención es redirigir esos capitales hacia sectores con mayor impacto en el desarrollo del país.

La identificación de estas 14 entidades es preliminar y el número final de cierres dependerá de los resultados del informe que se entregará en tres meses. El anuncio se produce en un momento donde la eficiencia de las empresas estatales es evaluada bajo criterios de sostenibilidad financiera. La decisión de avanzar hacia liquidaciones formales marca un cambio en la gestión de los activos públicos, priorizando la reducción del gasto corriente y la optimización de la inversión estatal en proyectos que demuestren viabilidad a largo plazo.

El proyecto de ley deberá ser debatido en las comisiones legislativas antes de su tratamiento en el pleno. De aprobarse, el gobierno contará con una herramienta administrativa directa para intervenir en las empresas que no cumplan con los objetivos de rentabilidad o servicio para los cuales fueron creadas originalmente.