Defensa de Lidia Patty denuncia vulneración al debido proceso en caso Tomates

La defensa de la exdiputada Lidia Patty denunció una presunta vulneración al debido proceso dentro del denominado “caso Tomates”, vinculado al Fondo Indígena, y anunció la presentación de una acción de libertad para revertir la ampliación de su detención preventiva en nuestro país. El abogado Jorge Nina calificó la decisión judicial como una arbitrariedad, al considerar que la investigación se está extendiendo a hechos que no formaban parte del proceso inicial.

Según explicó Nina, la autoridad jurisdiccional dispuso ampliar por seis meses más la detención de Patty bajo el argumento de que el Ministerio Público debe investigar sucesos ocurridos en Tarija. Sin embargo, el jurista sostuvo que el proceso originalmente estaba delimitado a hechos relacionados con una comunidad de Charazani. El abogado afirmó que se pretende investigar hechos sobre los cuales su defendida nunca declaró, lo que vulneraría el derecho a la defensa.

Cuestionamientos a la detención y territorialidad

Nina remarcó que, si existieran nuevos elementos vinculados a Tarija, las autoridades deberían iniciar otro proceso en esa jurisdicción para cumplir con el principio de territorialidad. También cuestionó el uso de la detención preventiva, señalando que Patty regresó voluntariamente desde Argentina —donde ejercía como cónsul— para asumir su defensa aquí en Bolivia. En ese contexto, sostuvo que existían alternativas como la detención domiciliaria con geolocalización.

Respecto al fondo del caso, la defensa afirmó que la Fiscalía debe demostrar que la exdiputada actuó con dolo y obtuvo un beneficio económico personal, extremo que negó enfáticamente. Explicó que Patty recibió un primer desembolso cercano a 700.000 bolivianos para la ejecución de un proyecto, pero que la obra quedó inconclusa debido a que el entonces Fondo Indígena no realizó los desembolsos posteriores para materiales y pagos.

Antecedentes y estrategia jurídica

El abogado puso en duda la temporalidad del proceso judicial, debido a que los hechos investigados se remontan a 2010. Sugirió que la reactivación del caso después de 15 años podría responder a motivaciones ajenas al ámbito jurídico. Como parte de la estrategia legal, Nina informó que trabajan en una nueva acción de libertad para dejar sin efecto la ampliación de la medida cautelar, mientras otra acción previa se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en Sucre.

Finalmente, el jurista advirtió que, si no encuentran reparación en las instancias nacionales, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de las investigaciones también fueron citadas otras exautoridades vinculadas al Fondo Indígena en aquella época, entre ellas el actual presidente Luis Arce, según confirmó la defensa, que busca demostrar que Patty no se apropió de recursos públicos.