El Senado debate la abrogación de la ley de reconversión de tierras

La Cámara de Senadores tiene previsto tratar la tarde de este martes el proyecto de ley que abroga la Ley 1720 de reconversión de tierras, una norma que permite de forma voluntaria el paso de pequeña a mediana propiedad en nuestro país. La propuesta llega al pleno tras ser aprobada el sábado por la Cámara de Diputados, en respuesta a las movilizaciones y bloqueos de sectores campesinos.

La sesión, convocada inicialmente para las 14:30, sufrió retrasos en su inicio mientras las fuerzas políticas de oposición terminaban de definir sus posiciones. El senador José Sánchez, de la alianza Libre, señaló que se buscará el consenso necesario, aunque adelantó que, según el criterio de su bancada, este no es el momento oportuno para anular la normativa.

Posiciones políticas y consultas constitucionales

El líder de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, informó que se reunirá con sus legisladores para determinar si respaldarán la abrogación. El dirigente explicó que, tras consultar con especialistas como el constitucionalista Jorge Asbún, se concluyó que la ley no vulnera la Constitución Política del Estado.

"Él me dice que en la Constitución establecemos que a los 18 años los bolivianos son capaces de elegir el gobierno y por qué vamos a pensar que esos bolivianos no son capaces de decidir sobre su propiedad", afirmó Doria Medina. El líder político agregó que quienes hoy exigen la anulación de la norma son los mismos sectores que inicialmente se opusieron a su aprobación.

Por su parte, el senador José Manuel Ormachea indicó que la alianza Libre mantendrá una reunión de bancada para unificar criterios una vez que se dé lectura oficial al orden del día. La agenda de la Cámara Alta contempla cinco puntos, entre los que se espera la inclusión del informe de comisión sobre la Ley 1720.

Antecedentes del conflicto

La Ley 1720 ha generado rechazo en organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyos dirigentes consideran que la reconversión de tierras representa un riesgo para la propiedad agraria pequeña. El pasado 6 de mayo, este sector alcanzó un acuerdo con el gobierno y autoridades legislativas para proceder con la abrogación de la norma y frenar las medidas de presión en las carreteras.

La decisión final en el Senado determinará si se consolida el compromiso asumido con los sectores sociales o si la norma permanece vigente bajo el argumento de la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada en el área rural.