La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) condenaron formalmente la agresión sufrida por un periodista del periódico El Deber el pasado 22 de agosto de 2025 en la ciudad de Santa Cruz.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el incidente ocurrió en el aeropuerto El Trompillo, donde el reportero, Guider Arancibia, realizaba una cobertura periodística. Fue increpado y agredido por un capitán de aviación, identificado como Jaime Rodríguez, a pesar de que el periodista mostró su credencial de prensa.
El informe detalla que el agresor utilizó frases intimidatorias, expulsó al periodista de la terminal aérea y, en presencia de efectivos de la policía antinarcóticos, le arrebató y destruyó su teléfono celular con la aparente intención de eliminar cualquier registro del suceso.
Violencia y censura indirecta
En un comunicado conjunto, las asociaciones calificaron el hecho como un acto de violencia destinado a silenciar la labor informativa. “La obstrucción al trabajo periodístico, así como las amenazas y amedrentamiento constituyen actos de violencia destinados a silenciar y censurar la labor informativa”, señala el pronunciamiento.
Las organizaciones añadieron que la destrucción de equipo de trabajo representa “una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de libertad de expresión”, al tiempo que constituye un daño material.
Asimismo, recordaron que el Estado boliviano tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia cualquier denuncia de agresión a periodistas, sancionar a los responsables y adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos actos.
En su petición formal, las asociaciones exigieron a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y a otras instancias competentes “la inmediata investigación de los hechos denunciados; la identificación plena de responsabilidades y la aplicación de sanciones contra el agresor conforme a ley”. Finalmente, demandaron garantías efectivas para que los periodistas puedan realizar su labor sin sufrir hostigamientos, violencia ni represalias.
