En lo que va de 2025, Interpol Bolivia ha aprehendido y entregado a aproximadamente 70 personas requeridas por autoridades de diversos países, según informó el director nacional de la institución. Sin embargo, se ha señalado una limitación significativa en el Código de Procedimiento Penal boliviano que impide la detención directa de individuos con notificación roja internacional, a menos que exista un mandamiento de detención específico para extradición.
Actualmente, 32 individuos permanecen en centros penitenciarios a la espera de su extradición. No obstante, la normativa boliviana difiere de la de países vecinos como Argentina, Perú o Uruguay, donde la notificación roja por sí sola habilita la aprehensión. En Bolivia, la ausencia de un mandamiento de detención con fines de extradición previo impide proceder con la captura.
Un caso reciente ilustró esta situación, donde un ciudadano boliviano buscado en el extranjero por delitos graves pudo ser aprehendido en Santa Cruz gracias a la existencia de un mandamiento de detención emitido por las autoridades solicitantes. La institución enfatizó que, sin dicho mandamiento, la aprehensión no habría sido legalmente posible.
La notificación roja es una herramienta de Interpol que se emite exclusivamente para delitos graves con penas superiores a tres años. A la fecha, Bolivia ha emitido 400 notificaciones de este tipo, aunque su ejecución interna se ve obstaculizada por las limitaciones normativas.
El Código de Procedimiento Penal boliviano contempla únicamente cuatro causales de aprehensión: delito flagrante, orden judicial, orden fiscal y fuga de una detención legal. Ante esta realidad, Interpol propone la inclusión de un quinto numeral que faculte la detención de personas con notificación roja, poniéndolas posteriormente a disposición de un juez de instrucción.
Esta modificación permitiría dictar una detención preventiva por un plazo de 90 días, un periodo considerado suficiente para que el país solicitante formalice el pedido de extradición. La institución subraya que este ajuste normativo facilitaría considerablemente el trabajo de las fuerzas del orden en la cooperación internacional contra el crimen organizado.
