Los privados de libertad del penal de Morros Blancos, en Tarija, han denunciado una serie de vulneraciones sistemáticas a sus derechos procesales y humanos, que abarcan desde fallas graves en la administración de justicia hasta condiciones de vida precarias. Las quejas, recogidas en un informe derivado de una reunión entre delegados del recinto y autoridades judiciales, describen un panorama de abandono institucional y creciente desconfianza en el sistema.
Los internos sostienen que las visitas periódicas de autoridades judiciales y otras instancias no se han traducido en mejoras tangibles. Afirman que sus reclamos son habitualmente desviados hacia sus abogados o los juzgados correspondientes, sin que se obtengan resultados efectivos. Esta falta de acción ha generado un sentimiento de desamparo entre la población carcelaria, que recuerda gestiones pasadas de actores externos como más eficaces.
Fallos procesales y mora judicial
Uno de los puntos más críticos señalados es la labor de los vocales de los tribunales. Según los reclusos, los expedientes no son revisados con la debida exhaustividad, y se han firmado sentencias sin considerar los recursos de apelación presentados. A esto se suma la suspensión recurrente de audiencias programadas con semanas o meses de antelación, a menudo sin una explicación clara, lo que prolonga indefinidamente los procesos judiciales. “La justicia nos tiene olvidados”, expresaron los internos durante el encuentro.
Asimismo, denunciaron la existencia de casos de mala praxis judicial, asegurando que “muchos inocentes” se encuentran encarcelados. Señalaron que algunas sentencias se basaron en conflictos personales o denuncias que posteriormente perdieron validez cuando las presuntas víctimas reestablecieron vínculos con los acusados.
Condiciones de vida y demandas específicas
El informe detalla una grave crisis humanitaria dentro del penal. En Morros Blancos conviven personas de entre 80 y 90 años que no pueden valerse por sí mismas, junto a reclusos con discapacidad, retraso mental y adicciones severas. Se reportan brotes de enfermedades, falta de acceso a agua potable y la presencia de al menos 16 internos diagnosticados con esquizofrenia que no reciben tratamiento adecuado.
Otra de las demandas centrales es la aplicación desigual de las leyes de redención de penas. Los internos afirman que mientras en departamentos como La Paz o Potosí se aplica la modalidad de “dos por uno” (dos días de trabajo o estudio por un día de reducción de condena), en Tarija solo se descuentan cuatro meses por un año de trabajo y tres meses por dos años de formación académica, lo que consideran una desventaja injusta.
Los delegados manifestaron su temor a sufrir represalias por sus denuncias, como traslados a otros penales, una medida que calificaron de “castigo encubierto”. Pese a ello, insistieron en la urgencia de un plan de descongestionamiento carcelario, priorizando a adultos mayores y mujeres, y en la aplicación de las directrices del Tribunal Supremo de Justicia para reducir el uso de la detención preventiva.
Ante la falta de soluciones, un grupo de reclusos ha planteado la posibilidad de iniciar una huelga de hambre como último recurso para ser escuchados. La medida buscaría captar la atención de autoridades nacionales e instancias como la Defensoría del Pueblo, la Gobernación y la Alcaldía de Tarija, en un esfuerzo por evitar que la crisis en el penal se agrave aún más.
