Aprehenden al representante de la constructora del Instituto Gastroenterológico de La Paz

Un representante de la empresa constructora Makiber S.A. fue aprehendido este martes en La Paz como parte de las investigaciones por los daños estructurales registrados en el Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel. El funcionario fue trasladado a dependencias policiales tras presentarse a declarar ante el Ministerio Público por el deterioro de la obra, ubicada en la avenida Zabaleta, según informaron fuentes oficiales.

El ejecutivo acudió a la fiscalía para cumplir con una citación informativa. Sin embargo, tras su comparecencia, las autoridades judiciales notificaron una orden de aprehensión en su contra. El sujeto fue conducido a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanece a la espera de una audiencia de medidas cautelares que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El Instituto Gastroenterológico es uno de los proyectos de salud más costosos del país, con una inversión que supera los 700 millones de bolivianos. La ejecución de la obra comenzó durante el gobierno de Evo Morales y continuó bajo la administración de Luis Arce. Aunque el edificio recibió una entrega provisional en 2024, diversos problemas técnicos han impedido su funcionamiento pleno y la entrega definitiva por parte de la constructora.

Inspecciones y daños estructurales

Las irregularidades en la infraestructura fueron denunciadas formalmente a finales de 2025. En ese periodo, la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados realizó una inspección técnica en el lugar. Los legisladores constataron la existencia de grietas, hundimientos y daños en áreas críticas del hospital, presuntamente provocados por un deslizamiento de tierra que afectó la estabilidad del terreno donde se erige el complejo.

La empresa Makiber S.A., de origen español, estuvo a cargo del proyecto bajo la modalidad de llave en mano. Este contrato establecía que la compañía debía encargarse del diseño, la construcción y el equipamiento total del centro médico. Las investigaciones actuales buscan determinar si existieron fallas en los estudios de suelo previos o negligencia en la ejecución de las obras de contención necesarias para un terreno de alta pendiente como el de la avenida Zabaleta.

Durante su traslado a las dependencias policiales, el representante de la constructora evitó responder a las preguntas de los medios de comunicación. El Ministerio Público evalúa una posible imputación por delitos relacionados con el incumplimiento de contrato y daño al patrimonio del Estado, dado que el hospital todavía no puede prestar servicios a la población pese a la millonaria inversión pública.

Impacto en el sistema de salud

El retraso en la puesta en marcha del instituto afecta la planificación sanitaria nacional. El centro fue diseñado para ser el hospital más avanzado del país en su especialidad, con capacidad para realizar cirugías robóticas y trasplantes complejos. Sin embargo, la inestabilidad del terreno y las fallas en la infraestructura mantienen las instalaciones cerradas al público.

Las autoridades del Ministerio de Salud y la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) señalaron que se realizan auditorías técnicas externas para cuantificar el costo de las reparaciones. El gobierno ha reiterado que no aceptará la entrega final del edificio hasta que la empresa constructora subsane todos los defectos técnicos y garantice la seguridad de los pacientes y el personal médico.