La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), uno de los proyectos industriales más ambiciosos del Estado boliviano, se encuentra en una encrucijada financiera que compromete su viabilidad a largo plazo. Desde la Asamblea Legislativa, se han intensificado las gestiones para impulsar la recuperación de este complejo estatal, que actualmente atraviesa una quiebra técnica derivada de una incapacidad estructural para cumplir con sus obligaciones financieras y generar rendimientos sostenibles.
El deterioro de la factoría no es un fenómeno reciente. Informes técnicos emitidos ya en 2019 por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) advirtieron que la entidad carecía de la capacidad de pago necesaria para honrar los créditos adquiridos con el Banco Central de Bolivia (BCB). Esta situación se ha visto agravada por una serie de pérdidas operativas constantes desde el inicio de sus operaciones.
Un historial de déficit y baja eficiencia
Los indicadores financieros entre 2014 y 2018 reflejan una tendencia preocupante. Durante ese periodo, los saldos negativos de la empresa escalaron de 40 millones de bolivianos a 63 millones anuales, acumulando una pérdida total cercana a los 228,88 millones de bolivianos. Este escenario se ha visto alimentado por un bajo rendimiento industrial y paralizaciones frecuentes ocasionadas por fallas técnicas durante las etapas de zafra.
La calificación de quiebra técnica responde precisamente a la imposibilidad de la empresa de sostenerse con recursos propios. Según los análisis estatales, el complejo no ha logrado alcanzar el equilibrio necesario para ser autosuficiente, proyectando una sombra de duda sobre su capacidad de generar utilidades bajo su modelo operativo actual.
Perspectivas de rescate y debate político
A pesar del sombrío panorama financiero, existen posturas legislativas que defienden la importancia estratégica de EASBA para el desarrollo económico del norte de La Paz. Se argumenta que la recuperación es posible mediante la implementación de un plan de salvataje integral que no solo dependa de la inyección de capital, sino de una reestructuración administrativa profunda y un compromiso con la eficiencia productiva.
Este caso ha reavivado el debate nacional sobre la gestión de las empresas públicas en Bolivia. Las posturas políticas actuales sugieren la necesidad de realizar auditorías externas para determinar qué entidades estatales pueden operar de manera independiente y cuáles requieren una evaluación crítica sobre su sostenibilidad. EASBA se mantiene, así, como un caso emblemático de los desafíos que enfrenta la administración pública para equilibrar la inversión estatal con la rentabilidad y la eficiencia operativa.
