La administración provincial de Buenos Aires ha oficializado la creación del Comité de Promoción de la Actividad Ovina, un organismo de carácter no permanente orientado a fomentar el desarrollo y la modernización integral de este sector ganadero. La disposición surge como una respuesta institucional ante los recientes cambios en el esquema de financiamiento y regulación a nivel nacional, buscando garantizar la continuidad de los programas de fomento en la región.
El nuevo marco institucional se establece en un periodo de transición para la ganadería. Tras la revocación de contratos de fideicomiso y la derogación de la ley nacional que regía la recuperación de la actividad ovina, las autoridades provinciales han decidido asumir la coordinación directa de los incentivos. Esta medida busca proteger un sector que, según datos de 2024, cuenta con 1.823.825 cabezas de ganado y posiciona a la provincia como la tercera con mayor stock a nivel nacional.
Objetivos y funciones del nuevo organismo
El comité funcionará bajo la órbita de la cartera agraria con el objetivo primordial de robustecer los distintos eslabones de la cadena productiva. Entre sus funciones principales se encuentran la elaboración de diagnósticos regionales, la registración de majadas y la implementación de acciones sanitarias preventivas. Asimismo, el organismo se encargará de la generación de información estadística detallada para facilitar la toma de decisiones económicas en el sector.
Un aspecto central de la resolución es la búsqueda de la simplificación de trámites y el fortalecimiento de los segmentos cárnico, lechero y lanero. La iniciativa pretende integrar a los productores en un esquema de trabajo que permita una mejora en la calidad de los productos destinados tanto al mercado interno como a la exportación, manteniendo la competitividad de las más de 26.000 unidades productivas registradas en el territorio.
El órgano será presidido por la autoridad agraria competente y estará integrado por entidades representativas del sector, cuya participación será de carácter ad honorem. En situaciones que requieran atención técnica especializada, se prevé la convocatoria de organismos de sanidad agroalimentaria y universidades nacionales. Aunque las resoluciones del comité no tendrán un carácter vinculante, se considerarán Acuerdos de Consenso fundamentales para la definición de las políticas públicas de los próximos años.
Finalmente, la normativa establece un plazo de 120 días para que el cuerpo dicte su reglamento interno. Con esta estructura, la provincia busca mitigar el impacto del retiro del Estado nacional en materia de subsidios específicos, priorizando la sostenibilidad de una actividad económica clave para el desarrollo rural bonaerense.
