El centro de la ciudad de La Paz se convirtió este lunes en el escenario de una nueva jornada de protestas protagonizada por el sector del transporte libre. Los conductores, mediante bloqueos estratégicos en el Obelisco y la avenida Mariscal Santa Cruz, manifestaron su rechazo a la actual calidad de la gasolina distribuida en el país, la cual califican de “desestabilizada” y responsable de daños mecánicos recurrentes en sus herramientas de trabajo.
La medida de presión generó un colapso en la circulación vehicular y obligó a miles de ciudadanos a desplazarse a pie para alcanzar sus destinos. Según los manifestantes, el problema ha trascendido la simple queja administrativa, convirtiéndose en una carga financiera insostenible debido a las constantes reparaciones de motores que, en muchos casos, pertenecen a vehículos de modelos recientes.
Impacto económico en el sector
Limbert Tancara, ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, señaló que los choferes se encuentran en una situación crítica. “El compañero de base ya está cansado; hay unidades que han ingresado hasta tres veces al taller para una limpieza de motor. El transportista está agotando sus recursos en reparaciones técnicas de vehículos nuevos”, afirmó el dirigente durante las movilizaciones frente al Palacio de Comunicaciones.
A pesar de que el Gobierno ha mencionado la existencia de un seguro para cubrir los daños ocasionados por el combustible defectuoso, el sector sindical observa con escepticismo los mecanismos de aplicación. Tancara calificó de “dilatorias” las gestiones propuestas mediante plataformas digitales y exigió soluciones objetivas que no perjudiquen la operatividad del transporte público.
Reconocimiento de fallas técnicas
La controversia surge semanas después de que las autoridades del sector hidrocarburífero admitieran que se distribuyó gasolina que no cumplía con los estándares internacionales de calidad. De acuerdo con informes oficiales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la anomalía se debió a mezclas de componentes que generaron residuos de carbonilla y gomas en los tanques de almacenamiento y motores.
Yussef Akly, presidente de YPFB, aseguró recientemente que el seguro previsto para el parque automotor se encuentra vigente y que se tienen programadas reuniones con los sectores afectados para viabilizar las compensaciones. Sin embargo, los transportistas insisten en que no han recibido una convocatoria formal al diálogo y advierten con radicalizar sus medidas si no se establece una mesa de negociación técnica en el corto plazo.
El conflicto subraya una tensión creciente entre las políticas de suministro energético y la estabilidad del sector transporte, un pilar fundamental de la movilidad urbana en la sede de gobierno. Por el momento, la dirigencia ha confirmado que se encuentra agotando las instancias constitucionales antes de proceder a una paralización de actividades de mayor alcance.
