Bolivia deberá pagar 105 millones de dólares al BBVA tras fallo judicial definitivo

El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó la solicitud del Estado boliviano para anular el laudo arbitral que lo obliga a indemnizar con 105 millones de dólares al banco español BBVA. La decisión judicial, reportada este miércoles, consolida un fallo emitido originalmente en 2022 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y agota las instancias de apelación para el gobierno.

La controversia legal se originó en 2010, tras la decisión del entonces presidente Evo Morales de nacionalizar el sistema privado de pensiones. El Estado asumió el control de la administración que operaba bajo la entidad Previsión BBVA AFP. Si bien el proceso de nacionalización fue una decisión soberana, el banco español argumentó que la transición hacia la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo fue desordenada y estuvo marcada por demoras prolongadas e incertidumbre jurídica.

El origen del conflicto y el arbitraje

El BBVA acudió al arbitraje internacional en 2018, tras denunciar un trato arbitrario durante el proceso de traspaso de datos y operaciones. Según la demanda, el Estado boliviano no cumplió con los plazos establecidos para la migración del sistema, lo que afectó directamente las operaciones de la entidad financiera. El proceso de transferencia de información informática de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se extendió por más de una década debido a dificultades técnicas y administrativas.

En 2022, el Ciadi falló a favor del banco y ordenó el pago de una indemnización que inicialmente rondaba los 104 millones de dólares. Con la acumulación de intereses y tras el rechazo del último recurso de anulación en los Países Bajos, la cifra se fijó en 105 millones de dólares. El fallo establece que, aunque el país tenía derecho a recuperar el control del sistema de pensiones, la implementación de la medida vulneró estándares internacionales de protección a la inversión.

Impacto en las finanzas públicas

El revés judicial ocurre en un escenario de estrechez económica para la administración de Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia hace cinco meses. El país enfrenta actualmente una escasez de divisas y dificultades en el abastecimiento de combustibles, factores que han tensionado el presupuesto estatal. El cumplimiento de esta obligación internacional añade una carga financiera adicional al Tesoro General de la Nación.

Desde el sector oficial, las autoridades han aclarado que el pago de la indemnización no se realizará con los aportes de los trabajadores destinados a la jubilación. Sin embargo, el gobierno aún no ha especificado la fuente de financiamiento que se utilizará para cancelar la deuda con la entidad española. El caso reabre el debate sobre la seguridad jurídica y los costos derivados de los procesos de nacionalización ejecutados en gestiones pasadas.

Hasta el momento, el BBVA no ha emitido declaraciones públicas tras conocerse la resolución final del tribunal neerlandés. El Estado boliviano, por su parte, se encuentra ahora ante la obligación de ejecutar el pago para cerrar un litigio que se extendió por 14 años y que representa uno de los fallos internacionales más costosos para el país en materia de inversiones extranjeras.