El ambicioso plan de infraestructura hospitalaria en Colombia enfrenta una crisis de ejecución que amenaza con convertir casi una veintena de centros de salud en obras inconclusas. Según denuncias surgidas desde el órgano legislativo de ese país, 19 hospitales proyectados para su entrega entre 2023 y 2026 presentan retrasos significativos que comprometen recursos públicos por más de medio billón de pesos colombianos.
La denuncia detalla que, del presupuesto total asignado, ya se han desembolsado aproximadamente 157.000 millones de pesos a los contratistas encargados de las obras. Sin embargo, los reportes técnicos indican que varios de estos proyectos muestran un avance físico del cero por ciento, a pesar de que los contratos se iniciaron y recibieron fondos desde el año 2023.
Gestión de recursos bajo sospecha
El análisis de la situación revela un patrón de incumplimientos en diversas regiones del país vecino. En múltiples casos, se han entregado anticipos millonarios para centros de salud de baja y mediana complejidad sin que se haya registrado progreso tangible en la construcción. Esta parálisis administrativa impacta directamente en comunidades que dependen de esta infraestructura para acceder a servicios médicos básicos y especializados.
La investigación también pone el foco en la transparencia de las licitaciones. Se ha señalado que algunos consorcios responsables de las obras están vinculados a representantes legales previamente cuestionados en otros escándalos de corrupción pública. Esta conexión ha elevado las alarmas sobre un posible manejo irregular de los fondos estatales destinados a la salud pública.
Ante este escenario, se ha solicitado la intervención inmediata de los organismos de control colombianos para investigar el destino de los anticipos y determinar las responsabilidades legales pertinentes. Hasta el momento, el gobierno central no ha emitido una respuesta oficial que esclarezca el estado de los proyectos o justifique la falta de progreso en las infraestructuras denunciadas.
La situación subraya los desafíos persistentes en la región respecto a la transparencia en la contratación pública y la ejecución de proyectos de alto impacto social, donde el retraso de las obras no solo representa una pérdida económica, sino un detrimento directo en la calidad de vida de la población.
