Mundo
Disputa en Colombia por la interpretación de los gastos electorales en Bogotá
La congresista María Fernanda Carrascal y el representante Daniel Briceño protagonizaron un cruce de declaraciones tras la difusión de cifras sobre financiamiento electoral. Una corrección editorial aclaró que los montos atribuidos a Carrascal correspondían a una lista colectiva y no a gastos individuales.
Un intercambio de declaraciones entre la congresista María Fernanda Carrascal y el representante electo Daniel Briceño generó una controversia en Colombia sobre la interpretación de los gastos de campaña a la Cámara de Representantes por Bogotá. El conflicto se originó tras la difusión de una gráfica que atribuía a Carrascal un gasto de 2.994 millones de pesos, cifra que la legisladora aclaró que corresponde a la totalidad de la lista cerrada del Pacto Histórico y no a su aspiración individual.
Carrascal precisó que los recursos reportados se distribuyeron entre 17 candidatos de su coalición. Según la representante, bajo este modelo de lista cerrada, el análisis de costos debe realizarse mediante un promedio por aspirante. “Reportamos 2.994 millones de pesos en gastos de toda la lista cerrada a Cámara por Bogotá del Pacto Histórico”, señaló la congresista, quien añadió que el gasto promedio por candidato en su grupo fue inferior al de otras campañas individuales.
Diferencias en los modelos de financiación
La legisladora cuestionó directamente a Briceño al comparar su gasto individual, que ascendió a 410 millones de pesos, con el promedio de los integrantes del Pacto Histórico. Carrascal también contrastó estas cifras con las del partido Centro Democrático en Bogotá, colectividad que registró 4.370 millones de pesos para 18 candidatos. La congresista sostuvo que en las listas cerradas los costos se asumen de manera conjunta, a diferencia de las listas abiertas donde los gastos suelen ser individuales.
Por su parte, Briceño respondió que la información difundida no era de su autoría, sino una publicación de la revista Cambio. El representante electo, quien obtuvo más de 262.000 votos, explicó que su inversión se destinó principalmente a publicidad. Aunque su votación le permitiría acceder a una reposición estatal cercana a los 2.200 millones de pesos, Briceño afirmó que solicitará únicamente el valor correspondiente a lo que efectivamente invirtió en su campaña.
Ante la controversia, la revista Cambio publicó una corrección editorial sobre los datos inicialmente presentados. El medio aclaró que la cifra asociada a Carrascal incluía gastos de carácter colectivo, como el evento denominado “Pacto Fest”, y ajustó la información para reflejar únicamente los gastos atribuibles a candidaturas personales. “La cifra reportada en su informe de financiación incluye recursos correspondientes a la campaña conjunta del Pacto Histórico en Bogotá”, indicó la nota editorial del medio colombiano.
Regulación de la reposición de votos
El debate también alcanzó el mecanismo de reposición de votos, mediante el cual el Estado colombiano devuelve parte de los gastos electorales en función del respaldo obtenido en las urnas. Carrascal rechazó la postura de Briceño sobre el supuesto ahorro que generaría al no reclamar el total del monto potencial. Según la congresista, la normativa vigente establece límites estrictos que impiden recibir recursos por encima de los gastos debidamente reportados.
“No podemos pedir en reposición más que lo que nos gastamos”, afirmó Carrascal, subrayando que el sistema legal colombiano ya contempla este tope. El análisis original también mencionaba los gastos de otros candidatos a la Cámara, como Jaime Cano (1.488 millones), Milene Jarava (1.439 millones) y Milton Virgilio Carreño (1.170 millones), quienes figuran entre las campañas con mayores reportes financieros en la reciente contienda electoral.





