La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ampliación inmediata de medidas provisionales para proteger a cinco disidentes en Nicaragua. El organismo autónomo de la OEA fundamentó el pedido en la existencia de un riesgo extremo de daños irreparables a la integridad y los derechos de los detenidos, en el marco de una política de persecución ejercida por el gobierno de Daniel Ortega.
Los beneficiarios de la solicitud incluyen a figuras que anteriormente formaron parte del círculo institucional nicaragüense, como el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor presidencial y delegado de inversiones de Ortega. La lista se completa con su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy; el coronel en retiro Carlos Brenes; su esposa, Salvadora Martínez; y el opositor Larry Martínez. Según la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua, los señalados son investigados por la presunta creación de sociedades para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
Condiciones de reclusión y falta de información
La CIDH advirtió que tres de los detenidos superan los 65 años, factor que incrementa la urgencia de la intervención debido a su estado de salud. De acuerdo con el informe del organismo, Baltodano Cantarero y su hijo se encuentran en el centro de detención La Modelo tras haber permanecido desaparecidos durante cinco meses. Existen denuncias sobre la falta de atención médica adecuada para ambos dentro del recinto penitenciario.
En los casos de Brenes, su esposa y Larry Martínez, la Comisión señaló que sus ubicaciones exactas permanecen desconocidas desde el momento de su detención. Esta situación de opacidad administrativa ha sido calificada por el organismo como un factor que eleva el riesgo de violaciones graves a los derechos fundamentales. El Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, con sede en Costa Rica, ratificó los antecedentes de estas detenciones y la vulnerabilidad de los afectados.
Incumplimiento de obligaciones internacionales
El pedido ante la Corte IDH se sustenta en el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión sostuvo que el Estado de Nicaragua no ha emitido respuesta ni ha adoptado medidas para mitigar los riesgos identificados. Tampoco se han reportado avances en las investigaciones judiciales que justifiquen la prolongación de las detenciones bajo las condiciones actuales.
"El Estado de Nicaragua no ha presentado pruebas de protección o investigación", señaló la CIDH en su requerimiento, donde exige que se garantice la vida, salud y libertad personal de los cinco ciudadanos. Las medidas provisionales que dicta la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros y se reservan para escenarios de gravedad y urgencia comprobada.
Contexto de la crisis política
La situación de estos cinco disidentes se inscribe en la crisis social y política que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018. El escenario se agudizó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Aquel proceso electoral fue cuestionado por la comunidad internacional debido a la detención y expulsión de los principales aspirantes de la oposición.
Actualmente, cerca de 100 opositores permanecen bajo procesos judiciales o en prisión, muchos de los cuales han sido despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo cargos de traición a la patria. La CIDH recalcó que sus gestiones formales ante las autoridades nicaragüenses no han obtenido resultados concretos sobre la situación jurídica o el estado físico de los detenidos.
