El oficialismo argentino avanza en la reforma de la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados de Argentina prevé aprobar este miércoles una reforma a la Ley de Glaciares que busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo criterios técnicos específicos. El bloque oficialista, respaldado por aliados de diversas fuerzas políticas, cuenta con el apoyo necesario para avanzar en una iniciativa que redefine las zonas protegidas y reduce la intervención de la administración central en favor de las provincias.

El proyecto generó un intenso debate en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante los cuestionamientos de legisladores de la oposición sobre el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales. Lucero, quien fue interpelado por su pasado profesional como abogado de empresas del sector, argumentó que su experiencia es necesaria para el cargo y negó la existencia de conflictos de intereses.

La reforma de la Ley 26.639, vigente desde 2010, propone redefinir el concepto de áreas protegidas para permitir la exploración y explotación económica en zonas periglaciares que no cumplan una función hídrica estratégica comprobable. Según el texto, se mantendrá la protección para los glaciares visibles y las formaciones que abastecen cuencas hidrográficas, pero se eliminará la prohibición automática de actividades extractivas en todo el territorio periglaciar.

Posturas enfrentadas y representación provincial

El oficialismo sostiene que la modificación brindará seguridad jurídica para las inversiones sin comprometer los recursos hídricos vitales. Sin embargo, bloques como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazan la medida por considerar que flexibiliza los controles sobre reservas estratégicas de agua dulce. Organizaciones ambientalistas también criticaron la metodología del debate, señalando que la participación ciudadana fue restringida durante las audiencias públicas.

Durante la discusión parlamentaria, funcionarios de provincias con fuerte actividad minera, como Catamarca, Salta y Mendoza, respaldaron la iniciativa. La ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, y el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, destacaron la importancia de compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental para fomentar la generación de empleo en sus jurisdicciones.

De acuerdo con estimaciones legislativas, la suma de voluntades entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y sectores de Innovación Federal permitiría alcanzar los 140 votos necesarios para la sanción. El cierre del debate parlamentario definirá el nuevo marco regulatorio para la minería en la cordillera, en un contexto de alta sensibilidad por el manejo de los recursos naturales y la soberanía hídrica de Argentina.