Interpol anula circular roja contra exdirector del Dapre en caso de corrupción

La Interpol anuló la circular roja de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), mientras que un tribunal otorgó la libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios son señalados por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante la administración de Gustavo Petro.

La decisión de Interpol de suspender la notificación roja se fundamentó en posibles errores procesales de las autoridades colombianas o en la aceptación de argumentos sobre motivaciones políticas en el caso. González, quien también dirigió la Dirección Nacional de Inteligencia, se encuentra actualmente en Nicaragua, país que le concedió asilo tras alegar persecución judicial. La Fiscalía General de la Nación solicitó la reactivación inmediata de la alerta para garantizar su comparecencia ante la justicia.

En paralelo, el Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad a Ricardo Bonilla tras constatar que el ente acusador no radicó el escrito de acusación dentro de los plazos legales. La magistrada Isabel Fernández explicó que el término de 60 días fijado por la ley se extendió a 120 sin que se presentara la resolución formal, por lo que el plazo venció el 31 de marzo. Bonilla enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Reacciones políticas y detalles del proceso

La representante a la Cámara, Lina María Garrido, calificó estas determinaciones como un retroceso para la institucionalidad colombiana. Según la legisladora, estas medidas favorecen al entorno cercano del presidente Petro. "Es un día triste para la justicia en Colombia. Dos protagonistas del megaescándalo de corrupción de la Ungrd se han burlado de la ley", señaló Garrido a través de sus canales oficiales.

La investigación sostiene que González habría coordinado el desvío de fondos públicos para el pago de sobornos por 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. El objetivo de estos pagos, según la tesis de la Fiscalía, era asegurar el respaldo legislativo a las reformas propuestas por el Ejecutivo. Por su parte, Bonilla es investigado por el presunto direccionamiento de contratos en favor de congresistas a cambio de votos.

A pesar de su liberación, Ricardo Bonilla continuará vinculado al proceso judicial. En el caso de González, su situación internacional se complicó tras ser visto en diciembre de 2025 en una recepción oficial en la embajada de Colombia en Managua, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación. Las autoridades colombianas buscan mecanismos para asegurar que los implicados respondan por el manejo de los recursos destinados a la gestión de desastres.