Gobierno de Colombia defiende proceso de paz urbana ante críticas de la Fiscalía

La senadora colombiana Isabel Zuleta, jefa de la delegación del Gobierno nacional en el proceso de Paz Urbana en Medellín, ratificó el miércoles su respaldo a las negociaciones con bandas criminales tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reactivar las órdenes de captura contra 16 cabecillas vinculados a la mesa de diálogo. La legisladora sostuvo que el proceso no debe ser utilizado con fines políticos ni electorales en medio de la controversia institucional generada en el departamento de Antioquia.

La determinación del Ministerio Público de revocar la suspensión de las órdenes de aprehensión afecta a líderes de organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá, entre ellos los sujetos conocidos bajo los alias de Tom y Douglas. Esta medida fue interpretada por autoridades locales y sectores de oposición como un cambio necesario en la estrategia de seguridad ciudadana, al considerar que la suspensión de capturas debilitaba la acción de la justicia frente a estructuras criminales de alto impacto.

Zuleta, quien ofreció sus declaraciones desde el centro penitenciario de Itagüí, señaló que la decisión de la Fiscalía evidencia una falta de consenso interno en las instituciones del Estado colombiano. Según la senadora, el organismo judicial consideró en el pasado que la suspensión era pertinente y ahora cambió de criterio, lo que a su juicio demuestra que no existe una posición jurídica única sobre la viabilidad de estas medidas excepcionales en el marco de los diálogos de paz.

Acusaciones de instrumentalización política

La delegada gubernamental afirmó que los cuestionamientos recientes forman parte de una estrategia deliberada de sectores de derecha para obtener réditos electorales. En un comunicado oficial, Zuleta sostuvo que se intenta deslegitimar un trabajo de casi tres años orientado al desescalamiento de la violencia en las zonas urbanas. La congresista argumentó que los ataques buscan reinstalar una narrativa de confrontación armada como herramienta de proselitismo en Medellín y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con la senadora, es inaceptable que actores políticos locales desconozcan el derecho a la paz y utilicen la estigmatización del proceso como un mecanismo de campaña. Zuleta enfatizó que la construcción de una salida dialogada a las violencias urbanas ha enfrentado una persecución constante desde diversos sectores institucionales y mediáticos que, según su postura, intentan sembrar desconfianza en la ciudadanía sobre los alcances de la mesa de negociación.

Continuidad de la mesa de diálogo

Pese a la reactivación de los procesos judiciales contra los voceros de las estructuras criminales, la delegación del Gobierno y los representantes de las bandas manifestaron que el proceso de paz urbana se mantiene vigente. Las partes informaron que la agenda de trabajo continúa enfocada en establecer compromisos verificables y garantizar la no repetición de hechos violentos en los territorios afectados por el control de estas organizaciones.

El proceso de Paz Urbana busca integrar a grupos delincuenciales en un marco de sometimiento o transición hacia la legalidad, un modelo que ha generado intensos debates jurídicos en Colombia debido a la ausencia de un marco legal específico para la sujeción de bandas criminales sin estatus político. La senadora Zuleta concluyó que la paz urbana es una necesidad urgente para las comunidades y que la delegación permanecerá firme en la búsqueda de una solución negociada a pesar de las presiones institucionales.