Perú advierte penas de hasta diez años de cárcel por delitos electorales

El Ministerio Público de Perú anunció que los delitos electorales cometidos durante las elecciones generales de 2026 serán sancionados con penas de hasta diez años de prisión. La institución informó que desplegará a más de seis mil fiscales en todo el territorio peruano para supervisar el desarrollo de la jornada y garantizar el respeto a la voluntad popular en los centros de votación.

Las autoridades peruanas identificaron la perturbación del proceso electoral como la infracción más grave. Este delito, que consiste en bloquear o interferir en la jornada mediante violencia o amenazas, conlleva una pena máxima de diez años de cárcel. Asimismo, la alteración o destrucción de documentos electorales, como la falsificación de actas o la manipulación de ánforas, será castigada con hasta ocho años de privación de libertad, según el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones de Perú.

El esquema de sanciones también contempla penas de hasta cuatro años para la suplantación de identidad de votantes y la compra de votos. Esta última categoría incluye cualquier beneficio o promesa ofrecida para modificar la intención del elector. Por su parte, la coacción mediante amenazas para influir en el sufragio recibirá una sanción similar. El Ministerio Público precisó que el porte de armas durante la jornada, incluso con licencia, está prohibido y puede derivar en un año de prisión y el decomiso del armamento.

Restricciones y ley seca

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú detalló el cronograma de restricciones que entrará en vigor días antes de los comicios. Desde el lunes 6 de abril, queda prohibida la publicación de encuestas de intención de voto. El incumplimiento de esta norma técnica conlleva multas que oscilan entre los 55.000 y 550.000 soles, de acuerdo con la normativa vigente en Perú.

A partir del viernes 10 de abril, las autoridades prohibirán las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político, bajo riesgo de penas de hasta dos años de cárcel. La propaganda electoral deberá suspenderse a la medianoche del sábado 11 de abril. El JNE subrayó que la venta de bebidas alcohólicas, medida conocida como ley seca, regirá desde las 8:00 del sábado hasta la mañana del lunes 13 de abril, con sanciones de seis meses de prisión para los infractores.

Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, los fiscales asignados estarán presentes en los recintos electorales desde las 6:30 del domingo 12 de abril. El Ministerio Público instó a la ciudadanía a utilizar los canales virtuales y presenciales para denunciar irregularidades. El control se extenderá también a la prohibición de realizar espectáculos públicos y reuniones de electores en un radio menor a cien metros de los centros de sufragio durante las horas de votación.