El gobierno propone duplicar las coberturas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito

El Proyecto de Ley PL-387/2025-2026, remitido a la Asamblea Legislativa, propone una reforma estructural al Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) que duplica los montos de cobertura para las víctimas y establece un control estricto sobre los precios de los servicios médicos y medicamentos. La iniciativa busca fortalecer la protección financiera de los afectados y contener el incremento de los costos operativos en el sistema de salud.

De acuerdo con el documento, la cobertura para gastos médicos pasará de 24.000 a 48.000 bolivianos por persona afectada en cada siniestro. En los casos de fallecimiento o incapacidad total permanente, la indemnización subirá de 22.000 a 44.000 bolivianos. Estas cifras también se aplicarán al Fondo de Indemnizaciones (FISO), que asiste a las víctimas de accidentes provocados por vehículos que no son identificados.

La propuesta legislativa busca frenar el encarecimiento de la atención sanitaria mediante la creación de un Tarifario Básico Obligatorio de Servicios de Salud. El Ministerio de Salud y Deportes tendrá un plazo de 60 días tras la promulgación para emitir este instrumento, que regulará los precios de internación, diagnóstico e intervenciones quirúrgicas. La medida será de cumplimiento obligatorio para todos los centros de salud, tanto públicos como privados, que atiendan casos vinculados al seguro obligatorio.

Regulación de precios y fiscalización

El proyecto de ley también impone nuevas obligaciones a los laboratorios farmacéuticos y empresas importadoras. Estas entidades deberán registrar sus precios máximos de venta ante la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y la Autoridad de Fiscalización de Empresas (Aemp). La información será publicada periódicamente para garantizar la transparencia hacia los usuarios y evitar sobreprecios en los insumos utilizados durante las emergencias.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), en coordinación con el Ministerio de Salud, se encargará de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones. Las autoridades podrán aplicar sanciones económicas a los centros de salud que ignoren el tarifario oficial. En situaciones de reincidencia, la norma prevé la suspensión de la habilitación de las clínicas para prestar servicios bajo el régimen del SOAT o el FISO.

Modernización y plazos de pago

La propuesta legislativa introduce la digitalización del sistema, permitiendo la contratación del seguro mediante firmas digitales y plataformas electrónicas. Esta medida pretende simplificar el acceso al seguro y mejorar la base de datos de los vehículos asegurados en el país.

Asimismo, el texto establece un límite de 15 días hábiles para que el FISO concrete el pago de indemnizaciones. Esta disposición busca reducir los tiempos de espera de los familiares y víctimas en casos donde el responsable del accidente no ha sido identificado, otorgando mayor celeridad a los procesos administrativos que actualmente enfrentan demoras prolongadas.

La reforma llega en un momento de debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud y el costo de los insumos médicos. El tratamiento de la norma en las comisiones legislativas determinará la viabilidad técnica de este incremento en las coberturas, que pretende fortalecer la red de protección social frente a la siniestralidad vial.