Diputados aprueba la abrogación de la ley de reconversión de tierras

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este sábado el proyecto de ley que abroga la Ley 1720 de reconversión de tierras, tras una sesión que se extendió por más de 15 horas. La propuesta, que ahora fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, obtuvo 56 votos a favor y 44 en contra, en medio de presiones de organizaciones sociales que exigen la anulación definitiva de la norma.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, informó la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, al concluir la votación. El texto aprobado consta de un artículo único que deja sin efecto la normativa promulgada el 10 de abril de 2026.

Conflicto por la propiedad agraria

La Ley 1720 permitía que los propietarios de pequeñas extensiones de tierra solicitaran, de manera voluntaria, su conversión a medianas propiedades. Según el marco legal vigente, este cambio habilitaba que los predios fueran sujetos de compraventa y pudieran ser utilizados como garantía para créditos bancarios. No obstante, organizaciones campesinas e indígenas del norte amazónico y otros sectores sindicales rechazaron la medida bajo el argumento de que pone en riesgo la tenencia de la tierra y fomenta el latifundio.

El debate legislativo reflejó la polarización sobre el tema. Mientras los sectores productivos, principalmente del oriente, defienden la ley como una herramienta para apalancar financiamiento y mejorar la productividad, los movimientos sociales que marcharon hacia La Paz consideran que la norma facilita la pérdida de territorios comunitarios. El gobierno, a través del presidente Rodrigo Paz, se comprometió esta semana ante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia a impulsar la abrogación para frenar las movilizaciones.

Trámite legislativo y observaciones

El tratamiento del proyecto sufrió demoras el viernes debido a errores técnicos en el informe de la Comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio. La directiva de la Cámara de Diputados tuvo que devolver el documento para que se subsanaran observaciones de forma antes de proceder a la votación por tiempo y materia. Cabrera señaló que, pese a la voluntad política, no era posible tratar un proyecto con inconsistencias técnicas en su redacción inicial.

El futuro de la política agraria del país depende ahora del Senado. El Ejecutivo ha manifestado su intención de convocar a un diálogo nacional para redactar una nueva normativa consensuada que reemplace a la Ley 1720, buscando equilibrar la seguridad jurídica de los pequeños productores con la protección de las tierras frente al mercado financiero.