Diputados aprueba la abrogación de la ley de conversión de tierras

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este sábado el proyecto de ley 417/2025-2026, que abroga la Ley 1720 de conversión voluntaria de pequeñas propiedades a medianas. Tras una sesión de más de 12 horas, la votación nominal cerró con 56 votos a favor de la anulación y 44 en contra, según informó el tercer secretario de la directiva, José Maldonado Gemio.

La decisión responde a la presión de organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas, quienes mantuvieron una vigilia en las afueras de la Asamblea Legislativa tras marchar durante 27 días desde Pando y Beni. Los sectores movilizados consideran que la normativa original, impulsada inicialmente en el Senado, favorecía de manera desproporcionada al sector agroindustrial de Santa Cruz en detrimento de los pequeños productores.

Impacto y posturas legislativas

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, ordenó la remisión inmediata del documento a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional. "Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la cámara de origen, remítase para fines de revisión", señaló Cabrera al finalizar el debate al promediar las 03:00 de la mañana.

El debate legislativo expuso visiones contrapuestas sobre el desarrollo agrario. El diputado Germain Caballero afirmó que la abrogación representa un retroceso para la economía nacional. "Este paso no solo frena a Santa Cruz, sino a todo el país porque impide el desarrollo y la reactivación económica que todos los bolivianos necesitamos", dijo el legislador.

Reacción de los sectores sociales

En las calles aledañas al edificio legislativo, representantes de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y otras organizaciones celebraron el resultado con consignas de victoria. Los dirigentes Vivian Palomequi y Víctor Yba señalaron que la movilización social fue el factor determinante para lograr el respaldo parlamentario.

Pese a la aprobación en la cámara baja, los sectores movilizados advirtieron que mantendrán sus medidas de presión hasta que el Senado ratifique la anulación definitiva. Por su parte, el sector agropecuario cruceño, que había defendido la vigencia de la Ley 1720, advirtió sobre posibles medidas de protesta ante lo que consideran una amenaza a la seguridad jurídica de la propiedad rural.