El Senado aprueba abrogar la Ley 1720 y devuelve el proyecto a Diputados

La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley para abrogar la Ley 1720, incorporando dos disposiciones transitorias que obligan a devolver la norma a la Cámara de Diputados para su revisión. La decisión legislativa se produjo mientras grupos de marchistas campesinos e indígenas de Pando y Beni seguían la sesión desde las tribunas, en un contexto de protestas y bloqueos que afectan a diversos puntos de nuestro país.

"Queda aprobada la presente ley, por tanto debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta Cámara", señaló el presidente del Senado, Diego Ávila. Tras la votación, la autoridad declaró un cuarto intermedio en la sesión hasta la mañana del miércoles. La aprobación, tanto en grande como en detalle, busca desactivar la presión social de los sectores que llegaron hasta la sede de Gobierno en rechazo a la normativa agraria.

Plazos y concertación para una nueva normativa

Las modificaciones introducidas por los senadores establecen un plazo máximo de 60 días para que ambas cámaras de la Asamblea Legislativa concerten un nuevo marco normativo. Este nuevo texto deberá definir procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios mediante procesos técnicos y legales voluntarios, manteniendo la prohibición de intervenir en áreas protegidas.

El documento aprobado también estipula que el proceso de concertación debe garantizar la participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad legal verificada. Según el texto, el objetivo es evitar la discrecionalidad en la administración de tierras y asegurar que los sectores sociales involucrados formen parte del diseño de la futura ley.

Posturas políticas y presión social

El debate en el pleno reflejó las divisiones respecto al manejo del conflicto. El senador Wilder Veliz cuestionó la devolución del proyecto a la cámara baja, al considerar que la demora en la promulgación definitiva afecta a los marchistas que esperan soluciones inmediatas. Por su parte, la senadora Claudia Mallon afirmó que sectores externos tergiversaron el contenido original de la norma para generar inestabilidad.

Desde la oposición, el senador Branko Marinkovic respaldó la abrogación, aunque solicitó el cese de las presiones políticas y adelantó que se trabajará en una propuesta de ley regionalizada. En el sector productivo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aceptó la anulación de la Ley 1720 como una medida necesaria para contribuir a la pacificación del país.

La movilización, que comenzó con las columnas indígenas del norte amazónico, ha sumado en los últimos días otras demandas de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos de La Paz, quienes han ampliado el pliego petitorio hacia temas salariales y críticas directas a la gestión del presidente Rodrigo Paz. La resolución del conflicto queda ahora supeditada a la celeridad con la que la Cámara de Diputados trate las modificaciones enviadas desde el Senado.