La Procuraduría solicita reactivar el proceso penal contra Wilfredo Chávez

La Procuraduría General del Estado solicitó formalmente al Ministerio Público la reapertura del proceso penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez, debido a presuntas irregularidades detectadas en contratos suscritos durante su gestión. El actual procurador general, Hugo León Lafaye, confirmó que la petición busca esclarecer la legalidad de diversos convenios administrativos y legales firmados entre 2021 y 2023.

"Lo de Wilfredo Chávez está con una petición expresa de la Procuraduría pidiendo la reapertura del caso, los contratos que ha firmado y eso está en manos del Ministerio Público", afirmó León Lafaye. La denuncia original, presentada inicialmente en septiembre de 2024, señala la presunta comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Contratos bajo sospecha y daño económico

Las investigaciones en nuestro país se centran en al menos diez contratos específicos. Entre los documentos observados destaca un convenio firmado con el bufete de abogados del argentino Eugenio Zaffaroni, quien ejerció como representante legal del expresidente Evo Morales. Según los antecedentes institucionales, durante el periodo observado, la Procuraduría destinó más de 93 millones de bolivianos a la contratación de peritos y abogados, tanto nacionales como extranjeros.

Aunque la demanda fue admitida por la Fiscalía General en octubre de 2024, el avance de las investigaciones se mantuvo estancado. Con esta nueva solicitud, las autoridades buscan que la justicia determine responsabilidades sobre el manejo de estos recursos públicos. León Lafaye indicó que la documentación necesaria ya se encuentra en poder de la fiscalía para su evaluación técnica.

Seguimiento a casos de corrupción

El procurador presentó estos datos ante la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores en una sesión que, por solicitud de la autoridad, se desarrolló de forma reservada. Durante el informe, se detalló que la Procuraduría realiza actualmente el seguimiento a 409 procesos penales vinculados a hechos de corrupción en distintas instancias del Estado.

El senador Erick Soruco informó que, de ese total, tres procesos ya cuentan con sentencia ejecutoriada, incluyendo el caso de sobornos que involucró al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Asimismo, la institución concluyó recientemente una auditoría sobre la adquisición de equipos para Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), donde se identificó un daño económico aproximado de tres millones de dólares.

Como parte de las acciones para recuperar los activos estatales, la Procuraduría ha solicitado la anotación preventiva de bienes de exautoridades y exfuncionarios implicados en estos casos. Esta medida busca garantizar el resarcimiento de los daños económicos generados al erario nacional en caso de confirmarse las irregularidades en las instancias judiciales correspondientes.