El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre una presunta red de corrupción al interior del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en la que estarían implicados varios funcionarios por la tramitación irregular de documentos de propiedad. La pesquisa se encuentra en su etapa preliminar.
Aldo Morales, fiscal departamental de Oruro, confirmó el inicio de las indagaciones y aseguró que la institución “actuará con todo el rigor de la ley para establecer responsabilidades”. Además, informó que se solicitará un informe oficial sobre la investigación interna que la propia Alcaldía habría realizado sobre el caso.
La denuncia
La investigación surge a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente del Concejo Municipal, Iván Quispe, quien aportó indicios sobre la posible comisión de delitos en procesos de regularización de bienes inmuebles. Según la acusación, algunos funcionarios habrían actuado como tramitadores ilegales para gestionar la legalización de propiedades.
La denuncia sostiene que para estos fines se utilizaba documentación presuntamente falsa, recurriendo incluso al uso de firmas de personas fallecidas para simular autorizaciones o consentimientos en los trámites de propiedad. El fiscal Morales precisó que no se trata de un solo funcionario implicado, sino de varios que habrían participado en la red.
El Ministerio Público investiga los posibles delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho. Adicionalmente, se está evaluando un posible daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro como resultado de estas actividades ilícitas.
