Un panorama de soledad y aislamiento
En Bolivia, donde cerca de 1.2 millones de personas superan los 60 años, representando casi el 10% de la población, una crisis silenciosa afecta a la población de adultos mayores. A pesar de que cada 26 de agosto se celebra el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, la realidad cotidiana para muchos está marcada por la soledad, el abandono y la precariedad.
Según un estudio del Programa Adulto Mayor de Pastoral Social Cáritas Bolivia (2024), el 25% de los adultos mayores en Bolivia vive solo, mientras que un 42% manifiesta experimentar soledad incluso cuando comparte vivienda con familiares. Este fenómeno, descrito como “soledad en compañía”, está vinculado a factores sociales como la migración de las generaciones más jóvenes, la disolución de la familia extendida y la falta de programas de apoyo comunitario. Las consecuencias de este aislamiento impactan directamente en la salud, asociándose a un mayor riesgo de depresión, el agravamiento de enfermedades crónicas y el abandono del autocuidado.
La insuficiencia de la Renta Dignidad
El principal soporte económico estatal para este sector es la Renta Dignidad, un beneficio que actualmente llega a más de un millón de personas. Este programa es la evolución del Bonosol, creado en 1997. Sin embargo, los 350 bolivianos mensuales (aproximadamente 50 dólares) que otorga resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Un estudio del Centro de Estudios del Adulto Mayor Bolivia (2024) estima que el gasto promedio mensual en alimentos y medicamentos para una persona mayor asciende a 1.500 bolivianos, dejando una brecha significativa.
Recientemente, el gobierno aplicó restricciones al beneficio, excluyendo a grupos como jubilados del sector militar o personas con empleo formal, lo que ha generado un debate sobre la universalidad del programa frente a la creciente presión fiscal. La situación económica, marcada por la escasez de divisas y el alza de precios, agrava aún más la vulnerabilidad de este grupo.
Un sistema de salud y pensiones en déficit
El sistema previsional formal ofrece una cobertura extremadamente limitada. Datos de 2024 indican que solo 187.000 adultos mayores, es decir, un 20% de los mayores de 60 años, reciben una jubilación contributiva. Los montos suelen ser bajos, obligando a muchos a continuar trabajando en el sector informal para subsistir.
El sistema de salud presenta carencias críticas. Bolivia cuenta con solo 23 geriatras para más de un millón de adultos mayores, una cifra muy por debajo de la recomendación internacional de un especialista por cada 10.000 personas. Según la Sociedad Boliviana de Geriatría y Gerontología, esta escasez deriva en una atención médica no especializada, con diagnósticos y tratamientos inadecuados. Además, la cobertura pública para medicamentos de enfermedades crónicas comunes en la vejez, como la hipertensión o la diabetes, es insuficiente, obligando a los pacientes a recurrir al sector privado o a abandonar sus tratamientos.
El contraste con países vecinos es notable. En Uruguay, Chile o Argentina, las pensiones mínimas triplican o cuadruplican el valor de la Renta Dignidad, y se complementan con servicios comunitarios como centros de día y programas de apoyo psicosocial, evidenciando el rezago de Bolivia en políticas integrales para la vejez.
Centros de acogida: una oferta limitada y desigual
La infraestructura de cuidado institucional también es precaria. En el país existen 61 centros de acogida registrados, de los cuales solo siete son públicos. La mayoría son de gestión privada o mixta y dependen de donaciones y voluntariado. La oferta es insuficiente para la demanda, y la calidad y transparencia de los servicios varían considerablemente.
Existen modelos de gestión contrapuestos: desde centros abiertos a la comunidad, como el Hogar San Ramón en La Paz, hasta instituciones públicas con acceso burocrático que limitan la interacción y la supervisión externa. Casos como la clausura de un hogar por denuncias de maltrato en 2024 subrayan la necesidad de una mayor vigilancia y regulación estatal para garantizar la dignidad y el bienestar de los residentes.
