Una mayoría sin sentencia
Un informe oficial presentado este viernes por la Defensoría del Pueblo de Bolivia revela una alarmante realidad en el sistema penitenciario del país: el 75,65% de los jóvenes de entre 18 y 28 años privados de libertad se encuentra en situación de detención preventiva, es decir, sin haber recibido una sentencia condenatoria.
El "Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad", con datos actualizados a 2024, precisa que de un total de 9.520 reclusos en ese rango de edad, 7.202 esperan un juicio en la cárcel. Esta población está compuesta por 8.788 varones y 742 mujeres.
“La detención preventiva impacta de manera desproporcionada en la población juvenil, extendiéndose más allá de los plazos legales y limitando el derecho a una defensa efectiva”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la presentación del estudio. “Frente a un 24,35% que ya cuenta con sentencia, la cifra de detenidos preventivos es crítica”.
El diagnóstico fue elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una dependencia de la Defensoría, que para su investigación visitó 17 centros penitenciarios, realizó 284 encuestas y 46 entrevistas semiestructuradas, además de verificaciones de la infraestructura carcelaria.
Un ciclo de reincidencia y fallas estatales
El informe también arroja luz sobre las trayectorias de vida de estos jóvenes. Un 14% de los entrevistados son reincidentes, mientras que un 10% había pasado previamente por centros de reinserción para adolescentes. Un dato adicional señala que el 7% vivió en centros de acogida desde edades tempranas, lo que sugiere un contacto prolongado con instituciones estatales.
“Esta realidad muestra que muchos jóvenes llegaron al sistema penal adulto sin haber tenido acceso a oportunidades reales de inclusión”, sostuvo Callisaya. “Refleja, además, las falencias del Estado en la atención y crianza de niñas y niños bajo su custodia”.
Llamado a una reforma estructural
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo presentó una serie de recomendaciones dirigidas a altas instancias del Estado, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, varios ministerios y la Dirección General de Régimen Penitenciario.
“Instamos al Estado a impulsar una reforma del sistema penal que permita la aplicación efectiva de medidas alternativas al encarcelamiento, así como una reforma del sistema penitenciario”, agregó el Defensor. Subrayó la necesidad de reorganizar responsabilidades entre los niveles de gobierno para garantizar alimentación adecuada, infraestructura digna y programas efectivos de reinserción social.
El contexto general del sistema carcelario
El informe sitúa estos hallazgos en un contexto más amplio del sistema penitenciario boliviano:
- Los reclusos jóvenes representan el 29,76% del total de la población penitenciaria.
- A diciembre de 2024, el país registraba 32.035 personas privadas de libertad en 46 cárceles.
- Del total de la población carcelaria, el 58,7% se encontraba en detención preventiva.
- El hacinamiento alcanzaba un promedio nacional del 105%, elevándose al 117% en las cárceles urbanas.
