Caso avanza en Bolivia
LA PAZ.— El Ministerio Público de Bolivia mantiene abierto un proceso penal contra dos sacerdotes jesuitas de avanzada edad por el presunto encubrimiento de abusos sexuales, a pesar de que la Fiscalía de Madrid archivó una investigación relacionada tras el fallecimiento del principal acusado y la falta de indicios sobre la responsabilidad de terceros. El caso en Bolivia avanzó recientemente después de que un juez negara un recurso para declarar la prescripción del delito.
Los sacerdotes españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos octogenarios y ex superiores provinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia, enfrentan cargos por el supuesto encubrimiento de los abusos atribuidos al fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas. Según su defensa, la Fiscalía boliviana no ha presentado pruebas que demuestren que ambos tuvieran conocimiento de los hechos. La salud de los acusados es delicada; uno de ellos padece un cáncer en etapa avanzada.
Contraste con la decisión de la justicia española
La investigación se originó a raíz de un diario personal atribuido a Pedrajas, fallecido en 2009, en el que supuestamente detallaba haber cometido abusos contra decenas de menores. El caso fue conocido inicialmente por la Audiencia Nacional de Madrid, que dispuso el archivo de las diligencias. La decisión se fundamentó en dos puntos clave: la extinción de la responsabilidad penal por “la muerte del reo”, como establece el Código Penal español, y la conclusión de que no se encontraron “indicios de responsabilidad por parte de terceras personas”.
Las autoridades judiciales españolas se han referido al documento como un “supuesto” diario. Además, cuando el sacerdote Recolons solicitó acceso a las diligencias en España, la petición le fue denegada bajo el argumento de “que no era ni denunciado ni sospechoso” en dicha investigación.
El abogado Marcelo Salinas, parte de la defensa, señaló que el proceso en Bolivia se inició de manera irregular “contra un muerto (Pedrajas)”, una figura no contemplada en la legislación penal boliviana ni internacional. Por su parte, el abogado Gonzalo Mendieta criticó una “desigualdad en el trato” procesal, ya que el caso ha sido declarado en reserva, lo que limita la capacidad de la defensa para responder públicamente a las acusaciones, mientras la parte acusadora mantiene una presencia constante en los medios de comunicación.
Rechazo a la prescripción
Este viernes, un juez boliviano determinó que el recurso de prescripción presentado por la defensa era improcedente. En consecuencia, el juicio penal contra Alaix y Recolons se reinstalará el próximo 2 de septiembre. “Las víctimas estamos con la esperanza de que se pueda impartir justicia”, declaró a la agencia EFE Pedro Lima, vocero de los denunciantes.
Las agresiones sexuales investigadas habrían ocurrido durante las décadas de 1970, 1980 y 1990 en el ya desaparecido Colegio Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba.
