En el marco del Bicentenario de Bolivia, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), en colaboración con la organización We Effect, ha presentado una investigación titulada “Cooperativismo en el Bicentenario de Bolivia”. La publicación analiza el estado actual de un movimiento que ha sido fundamental para la economía del país, coincidiendo con la declaración de 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas por parte de las Naciones Unidas. El estudio busca ser una plataforma para reflexionar sobre el rol de este modelo como motor de transformación democrática y económica.
El cooperativismo en Bolivia, que experimentó un crecimiento notable tras el ajuste económico de la década de 1980, se ha consolidado como una fuerza económica clave tanto en áreas urbanas como rurales. A través de diversas formas de asociación, ha permitido a numerosas familias y comunidades generar ingresos y responder a necesidades en sectores productivos y de servicios. Sin embargo, el movimiento enfrenta en el siglo XXI nuevos desafíos, marcados por el contexto político, la tecnologización y las crisis organizativas internas.
Un sector de contrastes
La investigación del IPDRS organiza su análisis en cuatro grandes áreas: consideraciones generales e historia, cooperativismo productivo (agropecuario y minero), de servicios (transporte, vivienda, ahorro y crédito) y de servicios públicos (agua, electricidad y telecomunicaciones).
El informe destaca casos de éxito que han mejorado la calidad de vida de sus miembros. Un ejemplo emblemático es la cooperativa El Ceibo, que permitió a productores de cacao del norte de La Paz dominar toda la cadena productiva, desde el cultivo del grano hasta su transformación, comercialización e incluso exportación, alcanzando altos estándares de calidad.
Sin embargo, la publicación no elude las controversias que rodean al sector, centrándose especialmente en la minería cooperativizada. El estudio aborda con espíritu crítico el impacto de la explotación aurífera, que frecuentemente afecta cuencas hídricas, áreas protegidas y territorios indígenas y campesinos. Esta actividad ha generado una fuerte conflictividad por la disputa de concesiones y la presión por ampliar la frontera extractiva.
Según la investigación, gran parte de la problemática se deriva de un conglomerado de minería ilegal que opera amparado en el sistema cooperativo. Este fenómeno se ha expandido gracias a la debilidad institucional del Estado y a la creciente fuerza política del sector. El libro señala que muchas cooperativas auríferas, con permisos solo para prospección y exploración, realizan actividades de explotación a gran escala, impulsadas por los altos precios internacionales del oro y pasando por encima de las normativas vigentes.
