Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo señala que, si bien la provisión de alimentos se mantiene en la mayoría de los centros de acogida y hospitales públicos, persisten severas limitaciones presupuestarias que comprometen la calidad y cantidad de las raciones. El incremento en los precios de productos básicos es la principal causa de esta situación, que afecta a poblaciones vulnerables en las ciudades de Cochabamba, Oruro, Potosí y Llallagua.
La verificación realizada por la entidad encontró que en los hogares de acogida para niñas, niños y adolescentes, cuatro de seis establecimientos visitados reportaron que sus recursos son insuficientes para cubrir las necesidades alimentarias. En el caso de los centros para personas adultas mayores, la situación del Hogar San José en Cochabamba fue calificada como especialmente preocupante, donde la escasez de fondos y la baja calidad de la comida estarían ocasionando problemas de salud y desnutrición entre los residentes.
En cuanto a los hospitales públicos, aunque la mayoría mantiene una provisión regular, dos de ellos operan con reservas mínimas de alimentos. De manera particular, el Hospital San Juan de Dios de Oruro declaró no contar con el presupuesto necesario para garantizar una alimentación adecuada para la totalidad de sus pacientes.
Análisis Comparativo
El operativo, realizado el pasado 29 de agosto, actualiza los datos de una verificación previa de junio de 2025 y muestra un panorama mixto. En los centros de acogida para menores, se observó una mejora: la disponibilidad de reservas de productos pasó de un 29% a un 67%, y el número de establecimientos que afirmaron tener presupuesto suficiente aumentó del 14% al 33%.
Sin embargo, en los hogares de adultos mayores la situación de las reservas se deterioró, disminuyendo del 40% al 25% en el mismo periodo, aunque la percepción sobre la suficiencia presupuestaria mejoró notablemente, pasando del 20% al 75%. Los hospitales públicos, por su parte, reportaron una mejora tanto en sus reservas (de un 29% a un 71%) como en la percepción de suficiencia de su presupuesto (del 57% al 86%).
Los resultados reflejan avances parciales en algunos sectores, pero también retrocesos significativos que, según la Defensoría, exigen una atención inmediata por parte de las autoridades competentes para asegurar la nutrición de las poblaciones más vulnerables.
