La viabilidad de la estructura municipal de Bolivia se encuentra en una situación crítica. Un estudio de la Fundación Jubileo, basado en datos del Censo de Población y Vivienda 2022, concluye que 250 de los 343 municipios del país no cumplen con las condiciones demográficas y económicas mínimas para ser sostenibles, lo que afecta su capacidad para prestar servicios esenciales a sus ciudadanos.
Según René Martínez, analista económico de la fundación, la fragmentación del mapa municipal se originó con la aplicación de la Ley de Participación Popular en la década de 1990, que promovió la creación de municipios sin un criterio demográfico sostenible. “El umbral poblacional para un municipio viable se sitúa en 23.000 habitantes, pero apenas 77 municipios lo cumplen”, señaló Martínez. “El resto no cuenta con población suficiente ni con base económica para sostener su aparato institucional”.
La magnitud del problema se evidencia en las cifras. En ocho de los nueve departamentos existen 75 municipios con menos de 5.000 habitantes, y de ellos, 11 tienen menos de 1.000. El caso más extremo es el municipio de La Rivera, en Oruro, que según el censo alberga a solo 381 personas.
Esta debilidad estructural tiene consecuencias directas. El planificador Juan Meléndres advirtió que los municipios pequeños no logran cubrir los costos de funcionamiento de sus alcaldías y concejos, ni disponen de recursos para aportar contrapartes en proyectos de inversión. “Eso significa que ni siquiera pueden garantizar servicios básicos como el desayuno escolar, sistemas de riego o el mantenimiento de plazas y calles”, explicó.
El fenómeno de la migración del campo a las ciudades agrava la situación, ya que las localidades rurales pierden población económicamente activa, lo que disminuye su capacidad de gestión y recaudación de ingresos propios.
Frente a este panorama, los expertos descartan la desaparición de estas entidades y proponen una reorganización. La principal sugerencia técnica es la fusión de municipios con menos de 5.000 habitantes. Este proceso permitiría agrupar población y territorio para fortalecer su base económica, mejorar la recaudación y acceder a una mayor redistribución de recursos de la coparticipación tributaria.
“Bolivia debe iniciar un debate serio sobre el rediseño de su mapa municipal”, concluyó Martínez. “No se trata solo de números, sino de garantizar que cada ciudadano, viva donde viva, acceda a servicios públicos básicos y a una gestión local sostenible”.
