El gobierno busca recuperar 2.000 viviendas sociales abandonadas por fallas administrativas

El gobierno nacional inició un proceso para recuperar y adjudicar más de 2.000 viviendas sociales que permanecen abandonadas en distintos departamentos, debido a irregularidades administrativas y requisitos de acceso restrictivos. El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Joshua Alfredo Bellott, informó que estas unidades forman parte del programa Comunidades Urbanas de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), el cual no logró cumplir sus metas de ocupación pese a la inversión de recursos públicos.

La situación afecta a complejos habitacionales en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Beni. Según Bellott, las dificultades en la gestión y las condiciones financieras impuestas anteriormente impidieron que familias de ingresos medios y bajos accedieran a los inmuebles. El funcionario señaló que se trabaja en solucionar estos problemas para que el programa cumpla su objetivo social original.

Proyectos paralizados y deterioro de infraestructura

Entre los complejos identificados con unidades vacías se encuentran la urbanización Papa Francisco y los condominios Altos de Cotoca y Patujú en Santa Cruz. En el departamento de La Paz, el condominio Wiphala en El Alto y proyectos en Achocalla y Mallasa presentan situaciones similares. En Cochabamba, las urbanizaciones de Villa Tunari y el condominio Pirwa también registran departamentos sin habitar.

El programa fue concebido como una alianza entre el Estado y constructoras privadas, con una proyección de inversión cercana a los 960 millones de bolivianos para más de 20 proyectos. Sin embargo, el desarrollo de estas urbanizaciones enfrentó denuncias por obras de baja calidad, proyectos inconclusos y fallas en los procesos de adjudicación. Auditorías internas en la AEVivienda detectaron presuntas irregularidades que frenaron la entrega de las viviendas.

Flexibilización de requisitos y nuevos precios

Para revertir el abandono de la infraestructura, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo decidió relanzar la comercialización de los inmuebles con condiciones de crédito más flexibles. Bellott explicó que muchos postulantes, especialmente trabajadores independientes, no podían cumplir con las exigencias financieras previas. El plan actual contempla precios que parten desde los 197.633 bolivianos para casas en la urbanización Papa Francisco y departamentos desde los 17.500 dólares en otras regiones.

El objetivo de esta estrategia es facilitar el acceso al crédito social y evitar que las estructuras continúen deteriorándose por la falta de uso. La autoridad estatal subrayó la necesidad de que estos activos públicos cumplan la función de reducir la brecha habitacional en los sectores más vulnerables de la población.

El déficit habitacional en cifras

El relanzamiento de estos proyectos ocurre en un escenario donde el país registra un déficit habitacional que afecta a 1,5 millones de familias, según datos de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios basados en registros del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra incluye tanto a personas que carecen de casa propia como a aquellas que residen en viviendas precarias.

De acuerdo con los resultados preliminares del Censo 2024, más de un millón de personas viven en condiciones de hacinamiento. El sector inmobiliario estima que se requiere la construcción de al menos 40.000 viviendas anuales para reducir la brecha acumulada. Ante esta realidad, la prioridad de las autoridades es reintegrar las viviendas abandonadas al mercado social para mitigar la demanda insatisfecha de los hogares bolivianos.